Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.
El 24 de julio del 2014, veintitrés días después de la elección federal que diera el mandato del país a Enrique Peña Nieto, entrevisté a Fabián Giles, guionista, diseñador, artista gráfico y crítico del poder, quien en ese momento proféticamente advirtió de los cambios en la libertad de expresión que vendrían con un gobierno federal priísta.
“La crítica política se va a poner difícil”, fue la frase que predominó y cabeceó dicha entrevista, en relación con la habitual mano dura y violenta con la que los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han tratado a los periodistas que no siguen la línea.
Proféticamente, también es una de las situaciones que ha marcado el actual sexenio, en el que la crítica no ha sido bien vista por aquellos en el poder y ha sido un trienio rojo para aquellos que ejercen el periodismo.
De acuerdo con datos de La Casa del Periodista y el Índice de Libertad de Prensa, realizado por la organización sin fines de lucro Reporteros Sin Fronteras, del 2012 a la fecha han sido asesinados en México 26 profesionales de la comunicación.
México permanece como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel mundial. Según el informe 2015 de Reporteros Sin Fronteras, la República Mexicana se encuentra en el lugar 148 de 180 naciones evaluadas, siendo el número uno el país con más libertad para ejercer el periodismo.
Sin embargo, llegada de Peña Nieto y el priismo al gobierno federal no sólo trajo consigo un panorama funesto para los comunicadores. Los índices de impunidad y corrupción mantienen a México como una de las naciones con mayores problemas en esos rubros a nivel mundial.
Recordemos que en abril del 2015, el Índice Global de Impunidad (IGI), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UdlaP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ), mostró que México ocupa el segundo lugar de 59 entre los países más impunes, sólo detrás de Filipinas. Y, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, México se ubicó en el lugar número 103 de un listado de 175 países, al obtener una puntuación de 35 sobre 100.
En el rubro económico, la situación del país no ha sido la cornucopia prometida por el priismo.
De 12.96 pesos por dólar, al ocaso del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, la paridad de la moneda nacional se ha desplomado a 17.27 al cierre de este 2015.
De acuerdo con la página del Banco Mundial, la deuda exterior mexicana se ha disparado, al pasar de 348 mil 945 millones de dólares en el 2012 a 432 mil 602 millones de dólares en el 2014, y lo que se siga acumulando durante el último trienio de la administración peñista.
Pero el tema que ha probado ser el de mayor gravedad y conflicto para la administración de Peña es la seguridad, basta con recordar que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcó un antes y un después en el actual sexenio, como se consignó hace tres semanas en este espacio.
Ante todos estos retos mayúsculos que ha enfrentado Peña Nieto, la respuesta ha sido en casi todos los casos turbia y mediocre, merced de funcionarios con antecedentes grises y voluntades mezquinas, quienes son el resultado de acuerdos políticos entre los grupos del poder en los partidos políticos.
México vive una horrible realidad patrocinada por conductas ruines, que están arraigadas en los funcionarios públicos de todos los niveles.
El cambio no está en uno, como prefieren algunos ilusionados decir. El cambio está en una sociedad activa y partícipe de la política, consciente de que mientras votemos por políticos, votaremos por intereses de los más oscuros.
Me despido.