Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.
Trascendió el miércoles 25 de noviembre, que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó una orden de aprehensión en contra del líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega.
La Fepade consignó la averiguación previa en contra de Escobar por presuntos delitos electorales cometidos por él y otros empresarios. Lo anterior debido a la simulación de un contrato firmado por Escobar como funcionario del PVEM para la adquisición de bienes, cuando en realidad se trataba de aportaciones en dinero y en especie a ese partido. La PGR aclaró que esa situación está prohibida, y está contemplada en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, reportó el diario El Economista el miércoles pasado.
Ante la denuncia, el PVEM y Escobar han alegado su inocencia.
Recordemos que previo al proceso electoral de junio pasado, el Verde Ecologista acumuló 506 millones de pesos (31.3 millones de dólares) en multas, debido a sus acciones en contra de la ley electoral.
En este espacio consignamos el 18 de mayo pasado, que las trapacerías electorales de Partido Verde Ecologista de México daban pie a mantener una imagen de ilegalidad sin castigo en un país de por sí calificado como el segundo peor a nivel mundial en impunidad, sólo superado por Filipinas.
Las ilegalidades del Verde van en conjunto con el infame proceder electoral del político verde: días antes de la elección intermedia de junio del 2009 en Chiapas, Escobar llegó al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, con un maletín Louis Vuitton con 1.1 millones de pesos (68 mil dólares) en efectivo.
De acuerdo con reportes de el diario Crónica.com, el entonces senador se enredó en los intentos de justificar el hecho: primero achacó la propiedad del dinero a uno de sus subalternos y dijo que éste era producto de la renta de una casa. Más tarde, en una entrevista radiofónica, el legislador dijo que era falsa cualquier vinculación con él y con el recurso económico que se le haya encontrado a Fernando Castellanos —dirigente del PVEM en Chiapas—, ya que no era su dinero. En otra entrevista, Arturo Escobar dijo que él no es quien aparece en el video difundido ayer por varios medios, en donde aparece con la maleta colgada al hombro. Al final, reconoció que la maleta marca Louis Vuitton, sí es de su propiedad y que él la cargaba el día de los hechos. Ninguno de los involucrados fue sancionado.
Si tiene pico de pato, nada como un pato y vuela como un pato, es un pato. Las acciones del partido aliado del PRI (partido en el gobierno de México) son ilegales y Arturo Escobar es un político mentiroso que ha actuado al margen de la ley de manera dolosa.
No obstante, pese a todos los hechos previos, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto premió a Escobar con la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, que dirige Miguel Ángel Osorio Chong.
Tan pronto llegó a la susodicha subsecretaría, decenas de organizaciones de la sociedad civil y personalidades de distintos ámbitos rechazaron el nombramiento de Escobar al considerar que carece del perfil para reducir la violencia. Cabe destacar que como legislador del Verde fue un promotor de la pena de muerte.
Hoy, meses y años después, existe la puerta abierta a que Escobar sea verdaderamente penalizado por las ilegalidades cometidas por él y su partido. ¿Aprovechará la oportunidad la administración peñista para mostrar que está del lado de la legalidad o solapará nuevamente a un personaje tóxico y corrupto? No lo parece. De entrada, el líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones ya salió en defensa del líder del PVEM.