Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.
No en una fecha distante, ni siquiera el año pasado, sino apenas el 20 de abril pasado, un estudio realizado con datos de 59 países dentro de la Organización de las Naciones Unidas, concluyó que México era en segundo peor país en nivel de impunidad.
El deshonroso galardón sólo coloca a Filipinas como superior a México en falta de seguridad, disfuncionalidad del sistema de justicia y con un nivel insignificante de respeto a los derechos humanos.
El estudio, el Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015), realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), no provocó sorpresa entre los mexicanos quienes leyeron la noticia de su publicación. “Ya sabes, así son las cosas en México”, fue el lamento resignado de miles de connacionales que llevaron su frustración a las redes sociales.
Para las instituciones y gobierno mexicanos, tal estudio parece haber caído en oídos sordos.
Hoy, menos de un mes después de su publicación, el precitado análisis de la UDLAP viene a colación por el despliegue de falta de respeto a la ley electoral llevado a cabo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Pese a acumular 506 millones de pesos (34.4 millones de dólares) en sanciones y tener en puerta una más por 100 millones de pesos (6.8 millones de dólares), el Partido Verde ha se ha mantenido firme al seguir efectuando las acciones por las cuales ha sido sancionado, fundamentalmente al no dejar de entregar las dádivas que se le ordenó dejar enviar por correo a los electores y dejar en exhibición la publicidad que se le había ordenado quitar.
En respuesta a las multas, el PVEM interpuso un recurso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por considerar que el Estado Mexicano había violado sus Derechos Humanos y el acceso a la información.
La pertinaz conducta del Verde llevó a un grupo de ciudadanos a promover en la plataforma Change.org, una recolección de firmas, con el fin de solicitar ante la autoridad electoral en México, el Instituto Nacional Electoral, que se le quite su registro como partido político.
El 29 de abril, un grupo de ciudadanos entregó al INE 140 mil firmas apoyando el exhorto.
En el documento entregado al árbitro electoral mexicano afirma que “las multas que le han impuesto al Partido Verde son insuficientes e ineficaces. Ya es hora de que los ciudadanos exijamos que la ley se cumpla y que las autoridades hagan su trabajo. Si el INE quiere recuperar algo de la confianza ciudadana que ha perdido, este es el momento para demostrarlo”.
El jueves pasado, el INE aceptó analizar la petición de los ciudadanos e iniciar un proceso ordinario sancionador.
Hasta ayer, el número de ciudadanos que exige un castigo definitivo y ejemplar en contra del Partido Verde Ecologista de México, iba en 151 mil.
La mayor ironía en la saga del Verde es que, de acuerdo con las encuestas, se prevé que crezca su presencia y representación luego de las elecciones de este próximo 7 de junio. Gran noticia para el Verde, pero el mensaje es desolador: en México, si violas la ley te va mejor.
En su columna del 22 de abril en el diario El Economista, Manuel Rodríguez Ajenjo ironiza acerca del resultado obtenido por México en IGI 2015, citado al inicio de este texto.
“Si de algo debemos sentirnos orgullosos es que en nuestra nación tenemos los mecanismos, la infraestructura e, inclusive, como bien dijo el presidente Peña Nieto refiriéndose a la corrupción, la cultura necesaria para ser el primer país del mundo en los rubros corrupción e impunidad”, afirma el ficticio secretario general de la Aprimex (Asociación Promotora y Reguladora de la Impunidad en México), citado por Ajenjo en su agudo texto titulado “Filipinas nos la va a persignar”.
Al ver el comportamiento del Partido Verde Ecologista de México, no cabe duda que el presagio de el Señor Ajenjo podría cumplirse y en el Índice Global de Impunidad 2016 podríamos ver coronado a México como el rey de la impunidad a nivel mundial.
La bola está en cancha de las autoridades mexicanas.