Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.
“Existen, aparentemente, al menos conversaciones entre ambos ¿Qué tanto? No lo sé, pero los cárteles de la droga utilizan el mismo plan operativo que las células terroristas: Matan a sus oponentes, decapitan a sus oponentes y lo presumen abiertamente”, aseguró el pasado miércoles 20 de agosto en America’s Forum –noticiero del canal conservador Newsmax TV– el representante republicano por Texas, Ted Poe, al referirse sobre un posible vínculo entre las organizaciones criminales mexicanas y el Estado Islámico (ISIS, por su sigla en inglés).
(Claro, porque si algo tiene cuatro patas y pelo, entonces, en definitiva, se trata de un despiadado y rabioso perro negro).
Según el Centro para la Democracia y la Sociedad Civil de la Universidad de Georgetown, la designación del término terrorista sólo funciona para las organizaciones que difunden propaganda o defienden una religión –como al-Qaeda o Hamas– o para las que buscan algún tipo de legitimidad internacional –como las FARC de Colombia– con el fin de ser reconocidas como un movimiento político.
Para los cárteles de la droga se trata simple y llanamente de un negocio, según afirmaciones de una fuente de primera mano: el recientemente detenido líder del cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez La Tuta, quien lo aseveró durante una entrevista hecha por el canal británico 4 News.
No obstante, Poe y su razonamiento no están solos entre los conservadores estadounidenses, en quienes esta idea de una posible vinculación entre el ISIS y los cárteles mexicanos se vuelve materia prima para su imaginario del apocalipsis. Ante tal escenario, ven como único antídoto a sus temores el endurecimiento de las políticas migratorias y, en caso de ser necesario, una intervención de las fuerzas de seguridad en el inestable vecino del sur.
A finales del 2011, un proyecto de ley impulsado por el representante republicano por Florida, Connie Mack IV, llamado “Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada”, proponía catalogar legalmente a los cárteles mexicanos como “insurgencia terrorista”.
El proyecto, con el número de catálogo legislativo H.R. 3401, define “insurgencia terrorista” como el uso prolongado tácticas irregulares de guerra, que incluyen muestras extremas de violencia pública, utilizadas por organizaciones criminales transnacionales, para influir en la opinión pública y para socavar el control gubernamental y el imperio de la ley con el fin de aumentar su dominio y su influencia.
Entre las muchas propuestas incluidas dentro del proyecto del bisnieto del legendario manager de Atléticos de Filadelfia, Connie Mack, se expone en el artículo cinco, letra C, inciso iii, número I y II que, con el fin de neutralizar a las organizaciones criminales transnacionales, se asignarán grupos de fuerzas especiales a zonas designadas dentro de México y la participación de asesores militares estadounidenses.
El proyecto de ley H.R. 3401 no prosperó.
Pero la idea conservadora de que la hecatombe llega desde el sur no ha sido gratuita. Para los legisladores estadounidenses que aceptan este concepto, las numerosas apariciones de cuerpos desmembrados en calles de todo México, casos como el incineramiento del Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, con civiles adentro, y las incontables fosas clandestinas son vistos como actos de barbarie propios de no menos que terroristas.
Los hechos de violencia desatados presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde el viernes pasado en el estado de Jalisco, aunque están lejos de alcanzar los niveles de horror que han tenido los eventos precitados o las decapitaciones televisadas del ISIS, sin duda abundarán a la visión conservadora de un México vinculado al terrorismo; algo que no pueden permitir en un país tan cercano y con tantas relaciones con Estados Unidos.
Sobre todo, ya que previamente el gobierno estadounidense había advertido sobre la peligrosidad del rápido ascenso del CJNG como organización criminal internacional y la tendencia de la administración de Enrique Peña Nieto de desestimar la crisis de inseguridad que existe en el país.
Es muy probable que en días próximos reviva en el Congreso estadounidense la idea conservadora de ver al CJNG y otros cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.