Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.
El enfrentamiento entre policías y pobladores de Chalchihuapan provocó la movilización de cientos de personas. Foto: Agencia Reforma
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH) emitió su fallo y 12 recomendaciones al gobierno poblano del panista Rafael Moreno Valle, por el desalojo de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan de la autopista Atlixco-Puebla. El operativo policial ocurrió el miércoles 9 de junio y culminó con decenas de manifestantes heridos y la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, de 13 años.
El desalojo fue la primera consecuencia fatídica de la controvertida Ley Bala del estado, norma aprobada en mayo por el Congreso Local que legaliza el “uso legítimo de la fuerza”.
Entre los puntos más destacados de las conclusiones de la CNDH (los cuales se pueden consultar en https://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Violaciones_Graves) se le instruye a la administración morenovallista a iniciar procedimientos de responsabilidad en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas, así como en contra de los policías que participaron en los hechos, y prepare una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios.
Pero más importante aún, es que en el documento la CNDH corrobora lo denunciado desde aquel miércoles rojo: los policías estatales de Puebla hicieron uso excesivo de la fuerza y lanzaron sin seguir el protocolo de actuación una variedad de municiones no letales en contra de los habitantes; incluidas balas de goma, granadas de gas lacrimógeno y proyectiles irritantes de largo alcance.
Desde entonces hasta el dictamen de la CNDH, el gobierno de Moreno Valle negó enfáticamente lo documentado por los pobladores de Chalchihuapan, organizaciones civiles, e incluso diarios nacionales. Destinó tiempo y mucho dinero para tratar de convencer a la opinión pública de que no se habían utilizado balas de goma –lanzó una infructuosa campaña de bots en Twitter y publicaciones promocionadas en YouTube y Facebook con videos editados y opiniones de columnistas amigos–. Incluso dio a conocer una sofisticada e inverosímil simulación por computadora, atribuyendo la muerte del menor a un cohetón lanzado por infiltrados.
La conclusión de la CNDH se antoja razonable y justa de no ser por que ocurrió demasiado tarde y en el contexto de última instancia, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) omitiera toda acción por dicha crisis.
Hoy, la Ley Bala sigue viva y es férreamente defendida por la fracción panista en el congreso local, la cual incluso se niega a disculparse públicamente por la muerte del menor. El gobernador Moreno Valle aceptó las recomendaciones de la CNDH y se ideó, como paliativo al problema, una fiscalía especial para –nuevamente– “investigar” los hechos.