Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.
Enrique Peña Nieto enfrenta la peor crisis política en lo que va de su gobierno. Foto: Notimex
Cansado. De la misma manera en la que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se dijera en aquella conferencia de prensa y que en consecuencia generara el hashtag en Twitter #YaMeCansé. Como un padre golpeador pidiéndole a su hijo dejar en el olvido un episodio de agresión, el pasado jueves 4 de diciembre, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, llamó a los guerrerenses a “superar” el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; a “dar un paso adelante”, para que haya “mejores condiciones” en el estado.
Pisando por primera vez el estado de Guerrero desde la trágica desaparición de los estudiante, el presidente lanzó su fatigado exhorto. Éste llegó precedido de un nuevo plan de reformas –otro más– anunciado el jueves 27 de noviembre y destinadas, según afirmó, a liberar a México de la criminalidad, la corrupción y la impunidad.
El plan presidencial, sin embargo, no es nada mas que otro proyecto o pacto de los al menos nueve que ha hecho desde que tomó cargo. Uno que llegó como una mala estrategia de control de daños 62 días después de la desaparición de los 43 estudiantes y sin que aún se haya solventado, y 49 días después de que un reportaje de la periodista mexicana Carmen Aristegui develara el escándalo de corrupción que involucra a la primera dama, Angélica Rivera de Peña, por la llamada “casa blanca” en Lomas de Chapultepec, y las anomalías en la licitación del Tren México-Querétaro.
Y en medio de toda esta crisis, el presidente y la clase política mexicana aún no se han percatado que el tema no es la seguridad o la impartición de justica, sino un problema de credibilidad y confianza, como escribió Mauricio Meschoulam en su columna del 4 de diciembre en el diario mexicano, El Universal.
El clamor social, que para muchos mexicanos se trata claramente de un llamado al fin de un sistema político abusivo y corrupto –funcionarios y legisladores con salarios y aguinaldos onerosos cuando existen 53.3 millones de mexicanos en estado de pobreza, colusión con el crimen organizado, los excesos de la clase política y sus familias, abuso de poder, prepotencia y nepotismo– ha sido tomado por aquellos en el sistema como una afrenta a su statu quo. La semana pasada, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente Peña Nieto, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México, (PVEM) votaron a favor de una nueva ley de movilidad universal, que abría la puerta a mayor represión ante las marchas y manifestaciones. La minuta aprobada fue posteriormente rechazada y declarada inconstitucional.
La semana pasada, también, el hashtag #YaMeCansé, que había estado durante 26 días en el primer lugar como trendig topic en Twitter, desapareció misteriosamente. Tras su desaparición, los usuarios relanzaron un nuevo hashtag: #YaMeCanse2.
Esto más las continuas y persistentes manifestaciones en el país deberían ser una señal clara. No obstante, la pactitis y la sordera presidencial continúan siendo la respuesta oficial ante un cansancio que no se ha ido y que cada vez mueve a más y más gente.