Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.
Como ningún otro año en la historia reciente, el 2014 fue el escenario de grandes impactos en el panorama político de México. Desde la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus implicaciones en la organización de los comicios, hasta la incorporación de tres nuevos partidos políticos y los golpes de credibilidad a las figuras de los tres distintos niveles de gobierno y sus administraciones, el año que culminó preparó el terreno para lo que parece ser una nueva etapa en la vida política nacional. El detonante será el proceso electoral de este año.
Hay mucho en juego en este 2015. A nivel federal, el domingo 7 de junio estarán en concurso las 500 diputaciones del Congreso de la Unión: 300 serán electas por mayoría simple –el que logre más votos– y las 200 restantes mediante el principio de representación proporcional.
Asimismo, 17 entidades –Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán– tendrán elecciones ordinarias.
De éstas 17, en nueve –Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora– se renovará el cargo de gubernatura, y en todas, las diputaciones locales y las presidencias municipales.
Cada uno de los 17 estados protagonistas de los comicios este año tiene sus únicas y particulares relevancias, debido principalmente a la cantidad de recursos que aportarán a los partidos, al número de habitantes y por su papel dentro de la coyuntura. Por ejemplo, en Guerrero y Michoacán, donde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el surgimiento de la Policía Rural, antes movimientos de autodefensa, sacudieron a la nación, se renovaran todos los cargos de elección popular.
Esto es de particular relevancia dado el papel de los políticos y los partidos en tales hechos: En Guerrero, la colaboración de las policías municipales de Cocula e Iguala en el ataque contra los normalistas, así como los vínculos del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, fueron la gota que derramó el vaso en la paciencia de los ciudadanos.
En Michoacán, lo fueron la relación con el crimen organizado de los presidentes municipales de Huetamo, Dalia Santana (PRI); de Pátzcuaro, Salma Karrum (PRI) y de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera (PRD), así como los videos que evidenciaron las reuniones de Rodrigo Vallejo, hijo del ex gobernador priísta Fausto Vallejo, con el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, La Tuta.
Es así que, sin lugar a dudas, habrá un voto de castigo a los partidos que apoyaron las candidaturas de estos personajes.
Sin embargo, independientemente de la reconfiguración del mapa del poder político en México -debido a las decisiones electorales de los mexicanos- el cambio más representativo deberá ser en la manera en la que la población es tomada en cuentas. De lo contrario, el sistema partidista estará condenado a sucumbir ante un mayor apoderamiento de los ciudadanos en los puestos de elección popular.