Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.
Las fotografías son amargas. Niños con heridas provocadas por armas de fuego, presuntamente por elementos federales; uno de ellos, muerto con un disparo en el rostro.
Las imágenes acompañan un comunicado publicado en la página de Facebook Valor Michoacán el cual asegura que “ejercito mexicano (sic) disparo en contra de niños al intentar desarmar a las autodefensas genuinas”.
El enfrentamiento comenzó cuando, según la misma página, los elementos del Ejército impactaron sus vehículos contra los puestos de vigilancia de las guardias comunitarias, localizados en los parajes de El Duín y Xayakalan, en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Municipio de Aquila, Michoacán.
Los militares iban en búsqueda de Cemeí Verdía Zepeda, primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y coordinador general de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, a quien aprehendieron alrededor de las 10 de la mañana en el poblado La Placita. Los cargos que le imputan están relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De acuerdo con el diario La Jornada, la detención de Verdía Zepeda generó una serie de bloqueos carreteros y manifestaciones de los habitantes, quienes después de las 11 de la mañana retuvieron a un grupo de militares, tras el intento de otro detener al comisariado de bienes comunales de Santa María Ostula.
“Toda esa región nahua se agitó después de las 15 horas en Ixtapilla, donde se estaba gestando otro bloqueo. Se registró una balacera por parte de un grupo armado (existe la versión de que eran militares) que disparó contra la gente de la zona costera que estaba reunida. En la balacera falleció el niño Iriberto Reyes García, de 12 años”, reporta La Jornada en la nota periodística realizada por Ernesto Martínez Elorriaga y Arturo Cano.
El doloroso episodio en Ostula, Michoacán, remite inmediatamente a otros similares en los que agentes del estado hicieron gala del uso excesivo de la fuerza con resultados fatídicos: Tlatlaya, San Bernardino Chalchihuapan, Ayotzinapa. Demasiados para un sexenio que apenas está llegando a la mitad.
Esta nueva y gravísima crisis parece que rebasará –una vez más– la capacidad de respuesta de la administración peñista.
Hasta la madrugada de hoy lunes, para ser precisos a las 2 de la mañana, hora del centro (12 de la media noche en Phoenix), mientras este texto se realizaba, nadie en el gabinete de Seguridad (Secretaría de Gobernación, PGR, Secretaría de la Defensa Nacional) del gobierno de Enrique Peña Nieto, ni en la misma Presidencia, emitió ninguna respuesta referente a los hechos ocurridos en Ostula.
Por el contrario, las redes sociales se movieron demasiado rápido. Para la misma hora, las desgarradoras imágenes y las notas periodísticas al respecto ya habían sido replicadas decenas de miles de veces en Facebook. Y en Twitter #Ostula ya era un trending topic.
En una semana, dos crisis: la fuga de El Chapo Guzmán y Ostula. La respuesta de Peña Nieto y su equipo será clave para tranquilizar a una opinión pública iracunda, debido al paupérrimo desempeño de la Presidencia de la República.
Los mexicanos no esperan otro “ya me cansé” o argumentos que pretendan deslindar la responsabilidad del asesinato de un menor de edad a los mismos pobladores de Ostula –testimonios apuntan a que los militares dispararon indiscriminadamente hacia las casas–.
Una respuesta insensible y orientada a proteger a los funcionarios responsables se convertirá en un clavo más en el ataúd político que se han confeccionado esta administración y el partido detrás de ésta.