Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.

Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública. Foto: Notimex

El sudor hacía brillar su rostro. Eso, y los movimientos erráticos de sus dedos mostraban su ansiedad. Su corta estatura y sus hombros encogidos lo hacían lucir diminuto en el centro de la mesa que encabezaba. Tras su presentación, tomó nerviosamente el micrófono dos veces –innecesarias ambas– y comenzó su discurso, flemático, sin prisa alguna. Lo hizo así para mostrar seguridad.

De esa manera, el pasado viernes 21 de agosto, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, reveló los pormenores sobre cómo la dependencia que encabeza había indultado de sanción alguna al presidente Enrique Peña Nieto; a su esposa, Angélica Rivera Hurtado; y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, de las acusaciones por conflicto de interés en la compra de propiedades al empresario predilecto, y amigo personal, del mandatario mexicano, Juan Armando Hinojosa Cantú.

Flanqueado de Javier Vargas Zempoaltecatl, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP; de Raúl Sánchez Kobashi, subsecretario de Control y Auditoria Gubernamental de la SFP; y de Jorge Pulido Vázquez, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP, Andrade procedió a dar conocer los resultados de la investigación realizada durante seis meses.

A lo largo de casi una hora, Andrade centró su informe en el hecho de que ni Peña Nieto ni Videgaray formaron parte o influyeron en los 22 contratos de obra pública que se entregaron a las empresas vinculadas a Hinojosa Cantú.

Asimismo resaltó que las propiedades en Ixtapan de la Sal (de Peña Nieto) y en Malinalco, en el Estado de México, (de Videgaray) fueron adquiridas antes de que ambos funcionarios llegaran a su cargo actual.

En el caso de la propiedad ubicada en la calle de Sierra Gorda, en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México mejor conocida como –La Casa Blanca de las Lomas– y la cual fue adquirida por Angélica Rivera, Andrade aseguró que el contrato celebrado para la compraventa es legal y no fue modificado posteriormente para favorecerla una vez que Peña Nieto –su esposo– tomó posesión como presidente de la República.

La conclusión de la investigación no sorprende a nadie.

Desde el pasado 3 de febrero, cuando Enrique Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade titular de una dependencia que estaba condenada a su desaparición (como parte de la reestructura administrativa en este sexenio, el gobierno al mando de Peña Nieto anunció en enero del 2013 que la Secretaría de la Función Pública desaparecería para dar paso a la creación de la Comisión Anticorrupción) todos en México sabían que de la oficina de Andrade jamás saldría un castigo en contra de su jefe y de su amigo –Videgaray– desde hace cerca de treinta años.

No obstante, el confirmar una sospecha no hace menos ofensiva una simulación. Sobre todo, después de que ésta durara seis meses.

Aún así, existen personajes de la opinocracia mexicana que no sólo encuentran en las declaraciones de Andrade validez, sino los argumentos para reprender hostilmente a los mexicanos que se sintieron ofendidos por un evidente caso de corrupción en la más alta esfera del gobierno mexicano. Un caso que a la fecha sigue incomodando al presidente y a su circulo más cercano, al grado de hacerlo innombrable.

El mismo viernes, después de que se hiciera pública la exoneración de la Secretaría de la Función Pública, Peña Nieto declaró en la Trigésima Octava Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional que “estoy consciente y reconozco que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos, les ofrezco una sincera disculpa”.

Sin embargo, la credibilidad de su administración es la verdadera lastimada por tales hechos. La opinión pública difícilmente lo va a olvidar, esté o no fundamentada su absolución en la ley. Al tiempo, cómo dirían algunos.