Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.
El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) presentó ante la CNDH un escrito para que pida a la Sedena evitar órdenes de operación parecidas a la de Tlatlaya. Foto: Agencia Reforma
Como si no bastaran los hechos penosos a los que se ha enfrentado el actual gobierno federal de México, a un año del caso de Tlatlaya –en el que 22 personas fueran ejecutados de manera sumaria por elementos de Ejército mexicano–, la Secretaría de Gobernación a nombre del gobierno de la republica emitió una respuesta que es, por decirlo de manera tenue, un insulto a la inteligencia.
¿Cuál fue la respuesta?, una disputa semántica por el significado de la palabra “abatir” como réplica a un documento bastante serio publicado un día antes, en el que un organismo de defensa de los Derechos Humanos evidencia las órdenes específicas que recibieron los militares de la base militar San Antonio del Rosario en el Estado de México durante el fatal operativo.
La reacción infantil no sólo volvió a colocar en la arena pública un incidente que la administración del presidente Enrique Peña Nieto pretende dejar en el olvido, sino que atizó el fuego al atraer la atención de organismos internacionales, que ahora exigen con mayor fuerza la ampliación de las investigaciones en el caso.
Todo comenzó el pasado jueves 2 de julio, cuando en conferencia de prensa, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentaron el informe titulado “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”.
En dicho documento, el Centro Prodh integra la imagen de una Orden de Relevo y Designación de Mando dirigida al teniente coronel de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez de el 102 Batallón de Infantería de la 22 zona militar, involucrado en los hechos.
En la orden, fechada el 11 de junio (dos semanas antes de la masacre) se puede leer que las “tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
En el mismo documento, el Centro Prodh aclara puntualmente que el significado de la palabra abatir usada en ese contexto es, sin espacio a cualquier duda, matar.
“El significado del término ‘abatir’ en el contexto castrense es unívoco. En el propio expediente penal militar el sentido del término ‘abatir’ se clarifica en diversas actuaciones como son: a) las declaraciones ministeriales con el carácter de testigo de los 8 soldados, recabadas el primero de julio26; b) el radiograma núm. 41 emitido por el Teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, de 30 de junio27; c) el Informe Policial de Investigación rendido por el Policía Ministerial Militar el día 4 de julio28; y, d) el Auto de Formal Prisión de fecha 01 de octubre de 201429. En todos estos documentos se hace referencia a que el saldo de la operación fue de 22 personas abatidas”, se puede leer en la página 21 del informe.
Como si alguien hubiera puesto una brasa caliente en su asiento, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, respondió con celeridad al día siguiente que el término “abatir” no significaba privar de la vida.
La palabra en cuestión tiene “10 acepciones distintas en el diccionario; ninguna es privar de la vida sino desarmar, descomponer, incriminar, derribar, hacer que algo caiga o descienda”, fue la afirmación de Campa.
Sin generar un debate sobre cómo debe ser interpretada una palabra, el gobierno federal mexicano debió manifestar su atención a las 11 recomendaciones que el Centro Prodh emite como cierre en su documento. Fundamentalmente porque lo que le debería de importar a este gobierno es mejorar su reputación en cuanto al tema del respeto a los Derechos Humanos concierne, no tratar de aleccionar de manera condescendiente a quien le señala.
La humildad no es una virtud que no está dentro del diccionario de la administración peñista.