Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.

Unos 300 elementos del Ejército Mexicano, así como grupos de la Gendarmería Nacional y de la Policía Estatal de Guerrero arribaron al Municipio de Chilapa, luego de que el sábado sujetos desarmaron a los agentes locales. Foto: Agencia Reforma

En medio de una nueva crisis de seguridad que experimenta la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, ahora en Jalisco, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación humilló −afirman las voces más críticas− a las fuerzas estatales y federales con 29 bloqueos −según cifras oficiales− y el derribo de un helicóptero del Ejército Mexicano −La Caída del Halcón Negro a la mexicana, se atrevieron a llamarla algunos columnistas−, la violencia permanece como una constante en varios estados más.

Uno de ellos es Guerrero, donde surgió la verdadera hecatombe de este gobierno: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El golpe que este hecho significó para la credibilidad de las instituciones ha probado ser hasta el momento el más grave.

Si al inicio de la gestión de Peña Nieto había el brillo esperanzador de sus reformas transformadoras del país, el caso de los estudiantes ennegreció el panorama al evidenciar la ineficacia y corrupción que impera dentro de las instituciones de seguridad y políticas del país.

Ese hecho generó una respuesta por parte del estado que incluyo el despliegue de miles de policías federales, así como una propuesta ejecutiva −que actualmente se encuentra detenida en el Congreso− que busca que la federación se encargue de asumir la seguridad en municipios donde se comprueba que las autoridades locales mantienen lazos con el crimen organizado.

Pero Guerrero es demasiado complejo como para pretender domarlo.

Pocas entidades de la República Mexicana tienen una geografía tan amplia e intricada, y una historia de conflictos armados como este estado.

Actualmente existe en Guerrero una constante y sangrienta batalla por el dominio del territorio por parte de pequeñas células emanadas de la fractura de cárteles más grandes. Los Rojos, y Guerreros Unidos surgieron como grupos antagónicos del grupo local Los Ardillos tras la caída del cartel dominante en el estado, el de los Beltrán Leyva; La Barredora surge como rama del Cártel de Sinaloa en el estado y disputa la plaza del puerto de Acapulco con el Cártel Independiente de Acapulco, grupo que no emanó del de los Beltrán Leyva, pero si ganó fuerza con su caída. Finalmente, el llamado grupo de Los Grandados, también escindido del Cártel de los Beltrán Leyva controla la zona de Tierra Caliente.

Estos grupos delincuenciales han permeado también en la política local.

Parte de esto quedó manifiesto con recientemente con la detención de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por sus ligas al narcotráfico; en particular, a la célula delictiva de Guerreros Unidos.

Una de las versiones sobre el ataque perpetrado en contra de los normalistas de Ayotzinapa es que entre los estudiantes había miembros del grupo de Los Rojos.

De acuerdo con una nota publicada por el sitio La Silla Rota, en octubre del año pasado, Los Ardillos tuvo su origen en un grupo de secuestradores y extorsionadores liderado por Celso Ortega La Ardilla, padre de Bernardo Ortega Jiménez, actual diputado local por el PRD y presidente del Congreso Estatal. Esta misma nota refiere que una de las operadoras de Los Rojos en Chilapa, Lizbeth Cantorán Guerrero, La Güera Sicaria, es sobrina del diputado local del PRD Miguel Cantorán Gática.

Otro hecho que muestra más recientemente la lucha que experimenta el estado es el ocurrido este fin de semana en Chilapa.

El sábado, alrededor de 300 personas encapuchadas y portando rifles de asalto de alto poder y escopetas irrumpieron la tarde de ayer en la ciudad de Chilapa, desarmaron a los agentes de la policía local, y tomaron la comandancia de la Policía Municipal y el control de las calles. Pese a que se identificaron como guardias comunitarias, algunos señalan que este grupo se trata de miembros de Los Ardillos en una cacería de Los Rojos.

Ambos grupos y Guerreros Unidos se disputan entre sí el control estratégico del municipio de Chilapa, para dominar el trasiego y producción de droga en las regiones Centro y Montaña del estado.

Por el momento, no se ve que haya una estrategia que le alcance al gobierno federal para terminar con la inseguridad provocada por los grupos delictivos en estados como Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y menos aún en Guerrero, “el coco” de esta administración.