Esta vez no son sólo la Casa Blanca y los demócratas los que tienen razones para preocuparse. Legisladores y gobernadores republicanos no escaparán a las consecuencias políticas si el tribunal invalida subsidios de seguro por valor de miles de millones de dólares a personas en más de 30 estados.

La ley ofrece seguro médico privado subsidiado a personas que no lo tienen en su empleo, y sin la asistencia financiera para pagar las primas, millones de esas personas perderían la cobertura.

Por otra parte, las afectaciones en los estados no terminan ahí. Si muchas personas abandonan el sistema, los que compran pólizas de seguro individuales fuera del mercado del gobierno enfrentarían un alza en las primas. Eso se debe a que los que pagan sus propios seguros están en el mismo grupo de clientes que los subsidiados.

Las compañías de seguro invirtieron millones de dólares en derrotar la ley cuando se debatía. Pero el sector dijo al tribunal el mes pasado que los subsidios son clave para que sistema funcione. Retirarlos “haría la situación peor que antes de implementar la ley”.

El debate sobre “Obamacare” fue complicado debido a los factores de política e ideología, y ahora se complica aún más porque está de por medio el bienestar de millones de personas. “No es simplemente algo jurídico o ideológico, son consecuencias prácticas para muchas personas”, dijo el republicano Mike Leavitt, ex secretario federal de Salud.

Los temas jurídicos incluyen el margen de maniobra otorgado a las agencias federales en aplicar una ley compleja. Sus opositores alegan que los términos precisos de la ley sólo permiten otorgar subsidios en estados que han creado sus propios mercados de seguro médico. Eso dejaría afuera a la mayoría de los beneficiarios, que viven en estados donde el gobierno federal dirige el sistema. El gobierno y los legisladores demócratas que redactaron la ley dicen que la intención clara del Congreso fue ofrecer subsidios a personas en todos los estados.

Aunque pronostica una victoria, la Casa Blanca no ha preparado a la población para las consecuencias de una marcha atrás. La secretaria de Salud y Servicios Humanos, Sylvia M. Burwell, ha dicho repetidamente que “nada ha cambiado”, incluso mientras otros partidarios de la ley se alarmaron cuando la Corte Suprema tomó el caso inesperadamente. Burwell ha evitado contestar preguntas sobre planes de emergencia.

Los argumentos orales del caso comienzan el 4 de marzo y se espera una decisión para el verano.