México.- El estado de Texas se comprometió a aceptar la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) como documento secundario de identificación para la obtención de actas de nacimiento para menores nacidos de padres indocumentados.
Dicho acuerdo extrajudicial alcanzado en el litigio iniciado en contra de la Unidad de Estadísticas Vitales del estado de Texas, fue resultado de la mediación ordenada por el Juez Federal Robert Pitman, en ese estado, y celebrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) .
En un comunicado, la dependencia precisó que la identificación deberá presentarse junto con dos documentos suplementarios de una lista que se incrementó de 18 a 28 documentos como resultado de la mediación, entre los cuales están registros religiosos, títulos de vehículos, contratos de renta, recibos de servicios como luz o teléfono, entre otros.
El gobierno de México, a través de su consulado en Austin, insistirá ante las autoridades estatales sobre la necesidad de reconocer y aceptar la matrícula consular mexicana y el pasaporte mexicano sin visa, como documentos válidos, únicos y suficientes de identificación.
Texas es el único estado en la Unión Americana que no acepta el pasaporte sin visa, ni la matrícula consular como documentos válidos de identificación para obtener actas de nacimiento de menores nacidos en Estados Unidos, refirió la dependencia en un comunicado.
Ello, dijo, implica que ante la imposibilidad de los padres de acceder a otro tipo de identificación oficial, muchos hijos de padres indocumentados no cuenten con un acta de nacimiento estadounidense.
Lo anterior a pesar de haber nacido en ese país y de tener derecho a la ciudadanía estadounidense de conformidad con la constitución de Estados Unidos.
En agosto del año pasado, destacó, el gobierno mexicano presentó un escrito de “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae), en apoyo a la demanda presentada por el Texas Civil Rights Project y el Texas Río Grande Legal Aid.
Lo anterior, por considerar que dicha política estatal atenta contra el derecho fundamental a la identidad de los connacionales y mina la capacidad de sus padres para demostrar el vínculo legal con sus hijos.
Igualmente, México señaló su rechazo a que un gobierno sub-nacional interfiriera con el principio de reconocimiento recíproco de documentos de identidad expedidos a nacionales extranjeros por su propio gobierno.