Abogados del Departamento de Justicia federal le dijeron a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en un documento interpuesto el martes que la ley federal tiene preeminencia sobre la política estatal. Argumentaron que Arizona no quiere aceptar documentos emitidos a los inmigrantes en cuestión como prueba de su presencia legal en el país, y sin embargo sigue aceptando ese tipo de registros de parte de otros inmigrantes.

“El estado no ha logrado identificar ninguna razón por la que los mismos documentos no deberían ser suficientes para los demandantes, en forma similar” a otros inmigrantes, afirmó el Departamento de Justicia en un escrito de “amigo de la corte” (amicus curiae) interpuesto como parte de una demanda presentada por inmigrantes jóvenes que desafiaron esa política.

Dichos escritos de “amigos de la corte” son documentos interpuestos por terceros ajenos a un pleito legal a los que el tribunal les permite dar su opinión sobre algún tema, normalmente en casos que involucran el interés público.

El gobierno federal no impugnó la política de licencias de conducir, pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito le pidió que emitiera su opinión sobre el caso. En julio, un panel de tres jueces bloqueó dicha política e insinuó que las normas buscaban expresar hostilidad hacia los inmigrantes jóvenes.

Ahora la gobernadora le está solicitando a un panel de 15 jueces que reconsidere el fallo. El gobierno federal indicó que no está justificada una revisión así.

Andrew Wilder, portavoz de Brewer, afirmó en un comunicado que el documento muestra lo anárquico que se ha vuelto el gobierno de Obama.

“En lugar de reforzar la seguridad en las fronteras estadounidenses o hacer valer las leyes federales sobre inmigrantes que ya existen, el gobierno de Obama sigue dándole preferencia y privilegios a gente que entró al país ilegalmente y cuya presencia no está autorizada”, afirmó Wilder. “Los estados, no el gobierno de Obama, tienen el derecho a determinar a quién se le emite una licencia de conducir”.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios al respecto.

El gobierno federal también aportó otra opinión el martes sobre otra política de Arizona en torno a la migración al exhortar a un juez a que deseche la prohibición del estado al contrabando de inmigrantes. El gobierno de Obama argumenta que una ley federal similar tiene preeminencia sobre la versión estatal, mientras que los abogados de Brewer argumentan que no entra en ningún conflicto con la ley federal.

Brewer y el gobierno de Obama ya se han enfrentado antes en torno a la inmigración no autorizada, en especial con relación a una impugnación federal que buscaba derogar la ley SB1070, promulgada por Arizona en 2010 para controlar a los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos sin permiso.

En ese caso, la Corte Suprema federal conservó la sección más controvertida de la ley, la cual requiere que la policía pregunte, mientras hace cumplir otras leyes, el estatus migratorio de personas sospechosas de estar en el país sin autorización. Otras secciones, tales como el requisito de que los inmigrantes traigan consigo su registro de empadronamiento, fueron derogadas.