Antonio Zambrano-Montes, que en otro caso había pedido a la policía que lo matara, estaba sentado en el suelo el pasado enero, sumido en un trance inducido por la metanfetamina cerca de un incendio cuando lo encontró el agende Adam Wright, según documentos a los que tuvo acceso Associated Press a través de solicitudes de acceso a documentos públicos.

Unas semanas después, Wright y otros dos agentes dispararon a Zambrano-Montes después de que éste lanzara piedras en un cruce de mucho tráfico. Imágenes de video de la escena, que muestran cómo el ciudadano mexicano sale corriendo y después se da la vuelta con los brazos extendidos en el momento en que la policía abre fuego, provocaron protestas durante meses. Era la tercera persona que mataba la policía de Pasco en seis meses.

Los documentos obtenidos por AP arrojaron nueva luz sobre los encuentros entre Zambrano-Montes y la policía, así como su comportamiento errático y en ocasiones peligroso.

Aunque la policía de Pasco señaló que por lo general, sus agentes reciben más formación de lo que requieren las normas estatales, los registros muestran que sólo media docena había tomado un curso extendido sobre cómo tratar con gente afectada por el consumo de drogas o crisis de salud mental, lo que supone menos agentes que otros departamentos en la región.

Y ninguno de los policías que dispararon a Zambrano-Montes tenía esa formación avanzada, según los documentos.

“Cada vez que uno ve un agente policía disparar a alguien que se sabe tiene problemas de salud mental, se pregunta, ‘¿Quién es responsable de esto? ¿Dónde falló el sistema?”’, dijo Sue Rahr, ex jefa de policía del condado y que ahora lidera la Comisión de Formación de Justicia Penal de Washington.

Pese a los contactos previos del campesino con la policía, los documentos no indican que recibiera asesoría o tratamiento en ninguna ocasión. En uno de los incidentes el pasado julio, después de que Zambrano-Montes se hiriera en la frente con un cuchillo y pidiera a la policía que lo matara, un agente avisó a una unidad de respuesta de crisis. No estaba claro si ese aviso tuvo algún resultado concreto.

“Nunca le remitieron a ninguna clase de tratamiento en absoluto”, dijo George Trejo, abogado de la familia del hombre.

Mientras tanto, Zambrano-Montes malvivía al límite.

Llevaba una década viviendo en Estados Unidos de forma ilegal y estaba separado de su esposa y sus hijas, que recibieron una orden de alejamiento en su contra. Se había roto las muñecas en una caída, estaba sin empleo y se desesperaba por su incapacidad de enviar dinero a sus padres, indicó su familia.

En enero de 2014, varios testigos llamaron a la policía porque estaba golpeando automóviles con una escoba. Lanzó un buzón de correo a los agentes que acudieron al aviso y trató de arrebatar el arma a un policía. Admitió que consumía metanfetaminas y pasó cinco meses en la cárcel del condado.

El 15 de julio, se cortó en la frente y se encerró en un sótano. Varios agentes entraron por la fuerza. Tras un forcejeo, dijo que quería que la policía lo matara. Los médicos le sedaron antes de llevarle a urgencias.

La policía solicitó presentar cargos de agresión por lo que describieron como el ataque de Zambrano-Montes contra los agentes, pero la fiscalía discrepó. “Tras revisar los informes, parece que el sospechoso era un ‘chiflado”’, indicó un fiscal.

El 22 de enero, dos trabajadores municipales descubrieron al campesino en su casa en llamas. Lo acompañaron fuera, donde Wright lo encontró poco después y le pidió que se moviera. No respondió.

“Como estaba tan cerca del incendio, agarré al hombre y lo aparté más lejos por motivos de seguridad”, dijo Wright. Un día después, cuando estuvo sobrio, Zambrano-Montes le dijo que había estado colocado de metanfetaminas y probablemente había iniciado el incendio por accidente.

El agente recibió más de 200 horas de formación en 2014, incluyendo un curso de 40 horas sobre violencia doméstica y órdenes de protección.

Pero ni Wright ni los agentes Adrian Alaniz y Ryan Flanagan recibieron el curso extendido en intervención de crisis, y sus registros de formación no parecen indicar que asistieran a clases sobre desactivar situaciones inestables. En 2007, Flanagan recibió un curso de tres horas sobre personas con enfermedades mentales y discapacidades de desarrollo.

El capitán Ken Roske hizo hincapié en que los agentes eran “extremadamente profesionales y bien formados”. Afirmó que los 71 agentes del departamento habían seguido un curso básico de cuatro horas sobre intervención de crisis.

Sin embargo, las planillas de formación muestran que sólo seis agentes de Pasco a jornada completa acudieron al curso de una semana ofrecido desde 2009 por el departamento en la vecina Kennewick, que envió a 28 de sus 93 agentes a las clases. Ese curso está considerado como de especial importancia para los cuerpos de policía de la zona porque se centra no sólo en técnicas para tratar de forma segura con personas bajo los efectos de las drogas o con trastornos mentales, sino en cómo dirigirlas a los servicios locales adecuados.

En un caso ideal, entre un cuarto y un tercio de sus agentes de cada departamento habrían seguido ese curso, señaló Bob Graham, gestor de programa en la división de formación avanzada de la comisión sobre formación policial.

El caso de Zambrano-Montes ha avivado el interés en la formación en Kennewick. El curso de este año, que se celebra esta semana, tiene una cifra récord de 45 agentes inscritos, incluyendo seis de Pasco.

“Toda esta formación sobre crisis es genial antes de que sea peligroso”, indicó Roske. “Una vez alguien amenaza al agente o al público, toda esa formación sale de escena… Si están atacando a la gente con un cuchillo, tienes que encargarte de ellos”.

Formación aparte, el problema va más allá de cómo reacciona la policía, señaló Gordon Bopp, activista de salud mental en la cercana Richland. La escasez de opciones de tratamiento también influye. “No tenemos ningún lugar al que los primeros en escena puedan llevar a estas personas”, señaló.