El cambio de normativa en el federal Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria se debió a una mejora de la economía, específicamente a una baja en el desempleo.

Sin embargo, la medida ha aumentado las preocupaciones entre los pobres, así como entre los proveedores de servicios sociales y empleados de bancos de alimentos, que temen una oleada de personas hambrientas.

Las experiencias recientes en otros estados indican que la mayoría de los más afectados posiblemente no cumplirán el requisito laboral y les será suspendida la entrega de los cupones para alimentos.

Para muchas personas, “significa menos comida, menos nutrición adecuada. Y con el tiempo, la situación puede tener repercusiones de salud y en el sistema de atención sanitaria”, dijo Dave Krepcho, presidente y director ejecutivo de la organización caritativa privada Second Harvest Food Bank of Central Florida, que distribuye alimentos donados.

Quienes defienden que prosiga la entrega de los cupones afirman que algunos adultos que buscan trabajo afrontan numerosos obstáculos, como antecedentes penales, discapacidades o carencia de una licencia de conducir.

El requisito de trabajo por cupones de alimentos fue decretado por primera vez en conformidad con la ley de reforma del bienestar social de 1996 que fue firmada por el presidente Bill Clinton e impulsada por el entonces representante John Kasich, hoy gobernador de Ohio y aspirante a la candidatura presidencial republicana.

La disposición se aplica a los adultos sin discapacidades de entre 18 y 49 años que no tienen hijos ni otros dependientes en casa.

Los obliga a que trabajen, hagan labores voluntarias o asistan a clases educativas o a cursos de adiestramiento laboral de al menos 80 horas al mes para recibir asistencia alimenticia.

Si las personas no se ajustan a esos requisitos les es suspendida la prestación al cabo de tres meses.