Washington.- La Cámara de Representantes aprobó hoy una resolución que autoriza al líder republicano Paul Ryan a presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia en apoyo a los 26 estados que interpusieron una demanda contra las medidas de alivio migratorio.
La adopción de la resolución, por 234 votos a favor contra 186 en contra, se dio tras un debate en el que republicanos y demócratas intercambiaron acusaciones y recriminaciones sobre el trasfondo real de sus acciones sobre las medidas de alivio migratorio del presidente estadunidense Barack Obama anunciadas en 2014.
El congresista republicano Trey Gowdy sugirió que los demócratas eran los únicos responsables de esta situación el recordar que de 2008 a 2012, cuando tenían el control del Congreso, “no levantaron un dedo” para aprobar la reforma migratoria.
“Dónde estaban cuando tenían (el control de) la Cámara, dónde estaban cuando tenían el Senado, dónde estaban cuando tenían la Casa Blanca?”, cuestionó el legislador por Carolina del Sur, insistiendo que esta es una acción de “equilibrio constitucional”.
En su turno la demócrata californiana Zoe Lofgren acusó a los republicanos de promover esta acción con engaños, mientras su colega de Colorado, Jared Poli, dijo que con este voto, “esta Cámara está trabajando para socavar el único progreso real en muchos años” en el frente migratorio.
La presentación del recurso “amicus curiae” (Amigos de la Corte) ante al máximo tribunal del país tendrá un efecto simbólico y no influirá en las deliberaciones de los ocho magistrados que tienen en sus manos el futuro de las acciones ejecutivas.
La batalla legal sobre estas acciones ejecutivas se trasladó al máximo órgano judicial luego que éste aceptó la apelación interpuesta por la administración del presidente Barack Obama contra el fallo de una corte de apelaciones que detuvo su implementación.
El fallo de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones dejó en suspenso la ampliación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y su versión para adultos (DAPA), impugnados por 26 estados del país, incluido Texas.
Los argumentos que la Suprema Corte escuchará el próximo 18 de abril girarán en torno a la jurisdicción de los estados para impugnar las decisiones ejecutivas del presidente, si éstas son “arbitrarias y caprichosas”, y sobre si se cumplió el proceso legal.