Si la corte falla a favor de los demandantes se podría afectar al 55 por ciento de los hispanos, al 45 por ciento de los asiáticos, al 33 por ciento de los indios americanos y el 30 por ciento de los afroamericanos. Foto: AP
Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos inició hoy los argumentos orales de una polémica demanda que busca excluir a inmigrantes indocumentados y a niños en la redistribución de los distritos electorales del país.
La demanda “Evenwel vs Abbot” sostiene que los distritos no deben dibujarse con base en la “población total” del país, como establece la 14 Enmienda Constitucional para la distribución del número de distritos, sino sólo con base en el número de ciudadanos.
Los demandantes argumentaron que los distritos deben tener el mismo número de ciudadanos para evitar que aquellos residentes en distritos con una bajo número de indocumentados y niños, tengan menos poder político que quienes viven en zonas con muchos no ciudadanos.
“Me da optimismo que todas las cortes que han escuchado este argumento han dictaminado en contra de los demandantes, pero la Suprema Corte tendrá la última palabra”, dijo el presidente del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), Thomas Sanz.
La demanda fue interpuesta por dos ciudadanos de Texas, Sue Evenwel y Edward Pfenninger, contra el gobernador del estado, Gregg Abbot, bajo el alegato de que el plan de distribución del Senado estatal en 2013 violaba la garantía constitucional de igualdad.
Su caso fue desestimado por una corte distrital por lo que decidieron apelar ante la máxima instancia judicial del país. Los críticos de los demandantes sostienen que se trata de una jugada política para estimular al Partido Republicano.
“Esto acabaría el poder del voto latino, esto significaría que miles de latinos no cuentan en la democracia de Estados Unidos. No tendrían voz y perjudicaría especialmente a la comunidad latina porque somos jóvenes”, señaló el demócrata de Texas, Joaquín Castro.
Cualquier decisión de la suprema corte no tendrá sin embargo un impacto en el actual ciclo electoral toda vez que no existe tiempo suficiente para una eventual redistribución de los distritos electorales del país, pero podrían tener efecto en 2018.
El máximo tribunal del país podría potencialmente desechar la demanda como lo han hecho tribunales inferiores, pero también tiene varias opciones intermedias.
Una de las posible alternativas podría ser que la Suprema Corte deje a los estados del país la decisión de cómo definir la distribución de los distritos electorales o aplicar un nuevo criterio que considere tanto la población total como sólo el número de ciudadanos.
“Si se aprueban dos estándares diferentes para la redistribución se generaría un total en nuestro sistema electoral, esto es una locura”, señaló el presidente de la Liga Nacional Urbana (NUL).
Los críticos de la demanda sostienen que cada estado del país tendría que decidir si cuenta a los ciudadanos como aquellas personas mayores de 18 años en edad de votar o a quienes están registrados para votar o a quienes ya votaron en elecciones previas.
De acuerdo con estimaciones de la NUL, si la corte falla a favor de los demandantes se podría afectar al 55 por ciento de los hispanos, al 45 por ciento de los asiáticos, al 33 por ciento de los indios americanos y el 30 por ciento de los afroamericanos.
Bajo las actuales reglas federales, los 50 estados del país dibujan los distritos electorales después de recibir los resultados oficiales del censo que se realiza una vez por década.
Los distritos son delineados de tal manera que tienen un número aproximadamente similar en todos los casos tomando en cuenta tanto a ciudadanos, residentes permanentes, inmigrantes indocumentados menores de edad.