La Corte Suprema escuchará el lunes por primera vez los argumentos en favor y en contra de la ampliación del Programa de Acción Diferida (DACA) para jóvenes y su versión para adultos, DAPA, que buscan beneficiar a casi cinco millones de indocumentados, la mayoría mexicanos.

“La bancada legislativa hispana sigue optimista de que la Corte Suprema dictaminará por el lado correcto de la historia y de la Constitución”, dijo la presidenta del grupo, la representante mexicano americana de California, Linda Sánchez.

Obama autorizó por orden ejecutiva ambos programas en noviembre del 2014, pero un grupo de 26 estados encabezados por Texas impugnó legalmente las acciones bajo el argumento de que implicaban la erogación de recursos para los estados, a raíz de la necesidad de expedir documentos de identidad.

Como reacción, una corte de Texas puso en suspenso las acciones, un fallo que fue ratificado meses más adelante por la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito de Nueva Orleans, por lo que el Departamento de Justicia apeló ante la Corte Suprema.

“Le tenemos que decir ‘No’ al odio, a la discriminación y el prejuicio, le tenemos que decir ‘No’ a las palabras presidenciales de Donald Trump diciéndole ‘Sí’ a cuatro millones de inmigrantes indocumentados”, señaló el demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez.

Se trata del primer caso migratorio ante la Suprema Corte de Justicia tras el deceso del magistrado conservador Antonin Scalia, por lo que el tribunal sólo cuenta con ocho magistrados.

Bajo la ley estadunidense, un empate en la Corte Suprema implica que se mantendría el fallo de la corte inmediata inferior, es decir el de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que dejó en suspenso la implementación de las órdenes ejecutivas de Obama.

“Con un empate sería más difícil avanzar, con un empate seguiríamos viendo a las familias separadas, con un empate estaría señalando la Corte Suprema que no es una corte para el pueblo, sino que se ha convertido en una Corte política”, señaló el demócrata de California Xavier Becerra.

Sin embargo, los miembros de la bancada hispana coincidieron en su optimismo de que una mayoría de la Corte Suprema, quizás de cinco magistrados sobre tres, dictaminará en favor del presidente porque reconocerán que existen precedentes legales en sus acciones ejecutivas.

Entre los principales argumentos de la Casa Blanca figura el dato de que virtualmente todos los presidentes que antecedieron a Obama han adoptado órdenes que suponen el uso del discrecional del poder ejecutivo en materia migratoria.

El presidente William Clinton autorizó por acción ejecutiva una protección contra la deportación de haitianos, su antecesor George H.W. Bush hizo lo mismo con los salvadoreños, además de hacer extensiva la amnistía migratoria de 1986 a los cónyuges de quienes legalizaron su situación.

En 1986 el presidente Ronald Reagan protegió de la deportación a los hijos de los padres elegibles a la reforma migratoria de ese año y el presidente James Carter permitió la permanencia en Estados Unidos de la mayoría de Marielitos, los cubanos que emigraron desde Puerto Mariel, Cuba en 1980.

Se espera que la Corte Suprema escuche los argumentos orales el lunes y emita su dictamen final para junio próximo, antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Los legisladores insistieron en que, aún en el caso de que la Corte Suprema falle en contra de las acciones ejecutivas migratorias de Obama, continuarán la lucha y las movilizaciones por la reforma migratoria. “Esta es solamente la primera fase de muchas batallas que tenemos que ganar”, dijo Gutiérrez.