Los inmigrantes refregaron retretes, trapearon y barrieron pisos, lavaron ropa, y prepararon y sirvieron comida, entre otras tareas. Foto: AP
Denver, Colorado.- Los inmigrantes que estuvieron detenidos en una instalación de un suburbio de Denver mientras esperaban proceso de deportación están demandando a una empresa privada que los tuvo retenidos, argumentando que les pagaron un dólar al día por realizar trabajo de mantenimiento y limpieza, en ocasiones bajo amenaza de confinamiento solitario.
Abogados de los inmigrantes dijeron que actuarán para ampliar el caso a través del estatus de demanda colectiva. Señalaron que han escuchado durante años por parte de clientes que los inmigrantes trabajan casi gratuitamente en instalaciones de detención privadas en todo Estados Unidos, pero calificaron esta demanda como la primera de su tipo.
Los inmigrantes refregaron retretes, trapearon y barrieron pisos, lavaron ropa, y prepararon y sirvieron comida, entre otras tareas, según abogados que interpusieron la demanda en octubre en representación de nueve detenidos y exdetenidos.
El lunes, el juez federal de distrito John L. Kane rechazó una solicitud de GEO Group Inc. para desechar las acusaciones contra la compañía, y permitió que proceda la demanda federal.
GEO en uno de los contratistas más grandes del gobierno federal para la detención de inmigrantes sospechosos de estar sin permiso en Estados Unidos o de residentes legales permanentes con antecedentes delictivos que enfrentan deportación. La compañía ha negado haber cometido delito alguno y señaló en documentos presentados a la corte que el trabajo es voluntario y cumple con reglamentos federales al pagar un dólar por día.
“Es su tarea operar la instalación, y en lugar de ello nos utilizan y abusan de nosotros para operar la instalación, y es por eso que estamos demandando”, dijo el querellante Alejandro Menocal, de 53 años. Menocal es un residente legal permanente que fue detenido durante tres meses el año pasado mientras enfrentaba deportación a México. Fue dejado en libertad y conservó su estatus de residente legal después de que su abogado ganó su caso.
GEO respondió en un comunicado que sus instalaciones “proporcionan servicios de alta calidad en ambientes de estancia seguros, protegidos y humanos, y nuestra compañía refuta enérgicamente aseveraciones que digan los contrario”.
La compañía agregó que abogados y defensores de los derechos de inmigrantes tienen acceso total a sus instalaciones contratadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, y que éstas son frecuentemente auditadas e inspeccionadas por el gobierno.
Anita Sinha, profesora académica del Washington College of Law, universidad estadounidense que ha investigado la mano de obra inmigrante en centros de detención privados, dijo que el salario diario referido fue establecido por el Congreso en 1950 y no ha sido ajustado por inflación.