La demanda planteada por el Comité Organizador de Trabajadores del Campo (FLOC, por sus siglas en inglés) y el Proyecto Trabajador Inmigrante indica que los registros de las patrullas muestran una cantidad desproporcionada de detenciones de hispanos.

Los abogados del Departamento de Justicia niegan las acusaciones de discriminación y señalaron en documentos judiciales que todas esas detenciones fueron legales. El gobierno también alegó que el análisis de los registros de patrullas de fronteras era parcial y no podía utilizarse para demostrar etiquetamiento racial.

Los abogados de los dos grupos denunciantes dijeron que los incidentes con agentes de frontera comenzaron en 2009, después de que la agencia abriera una oficina en Port Clinton para patrullar el lago Erie, cerca de la frontera con Canadá.

Varias personas planean atestiguar sobre siete casos donde los agentes carecían de los motivos de sospecha necesarios o dieron el alto a alguien debido a su raza, indicaron documentos judiciales.

Esos episodios se produjeron en Huron, Norwalk, Sandusky, Toledo y la autopista de peaje de Ohio.

Los grupos demandantes quieren que el juez declare que las prácticas y políticas de la Patrulla Fronteriza infringieron la constitución de Estados Unidos e impida que los agentes tomen decisiones en sus actividades en función de la raza de otras personas.