Estaba previsto que un programa para ayudar a inmigrantes que llegaron al país en su infancia entrase en vigor hoy, miércoles, pero su lugar el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, dijo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos no aceptaría solicitudes. Y los preparativos para un segundo programa que buscaba proteger a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes ha sido suspendido hasta nuevo aviso.

El juez federal Andrew Hanen escribió en un largo memorando que acompaña su fallo que sin un interdicto “sería imposible devolver el genio a la lámpara”.

Veintiséis estados denunciaron al gobierno de Obama el año pasado para bloquear los programas. La fecha del juicio no ha sido fijada todavía.

Por su parte, Obama dijo el martes que discrepaba con la decisión judicial.

“La ley está de nuestro lado, y la historia está de nuestro lado”, dijo. “Esta no es la primera vez que un juez de una corte meno bloquea algo o intenta bloquear algo que al final va a ser legal, y estoy seguro de que esto está dentro de mi autoridad”.

A continuación, un vistazo al caso y los programas a los que afecta:

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La demanda

En noviembre, Obama anunció dos programas para evitar que inmigrantes que están en el país de forma ilegal sean deportados. En el primero, incrementó la base que puede acogerse al plan para jóvenes lanzado en 2012 eliminando las capas de edad y permitiendo que migrantes llegados al país hasta en 2010 pudiesen acogerse a él. El segundo plan amplía la protección a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes. Ambos grupos estarían protegidos de la deportación durante tres años y obtendrían permisos de trabajo.

Veintiséis estados liderados por Texas presentaron en diciembre una demanda alegando que el presidente no tiene autoridad para permitir que grupos de inmigrantes permanezcan legalmente y trabajen en Estados Unidos.

Hanen dijo en su fallo que el gobierno federal violó la ley Procedimiento Administrativo al no permitir la revisión pública ni aportaciones en nuevas políticas.

La Casa Blanca dijo que apelará el veredicto judicial ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleáns.

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Estados demandantes

Texas lidera una coalición de estados que demandó al gobierno federal por los programas de inmigración. Los otros estados son: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Dakota del Dakota, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota de Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.

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El Juez

Hanen suele abordar casos de fronteras en su tribunal en Brownsville, Texas, pero su opinión sobre inmigración no se conoció hasta que redactó un mordaz veredicto sobre un caso de tráfico de inmigrantes en 2013. En él acusó al gobierno de Obama de participar en conspiraciones delictivas para introducir niños migrantes en Estados Unidos para reunirlos con sus padres que vivían de forma ilegal en el país.

Los niños inmigrantes no acompañados que son detectados intentando cruzar la frontera desde México son normalmente reunidos con sus padres o familiares que vivan en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio.

Hanen es uno de los dos jueces de distrito de Brownsville y atiende la mitad de las demandas civiles presentadas a la corte. Los casos son asignados por un sistema automatizado.

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Qué está en juego

La orden de Hanen bloquea el inicio, previsto para el miércoles, de una ampliación del programa para inmigrantes jóvenes llegados en su infancia al país, o DACA por sus siglas en inglés. Estaba previsto que la iniciativa parental conocida como Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA), comenzase a recoger solicitudes en mayo y quedará en suspenso si se mantiene la decisión judicial.

La acción original para los migrantes jóvenes sigue en vigor. Más de 675.000 inmigrantes jóvenes entraron en el programa DACA.

Legisladores republicanos calificaron estos programas de protección como “amnistía”. Estas iniciativas provocaron también un enfrentamiento presupuestario en el Congreso, y se espera que la financiación del Departamento de Seguridad Nacional se agote el 27 de febrero.

Los republicanos presionan para aprobar un proyecto de ley de gasto que deshaga las acciones ejecutivas de Obama, una iniciativa contestada por los demócratas. Obama ha amenazado con vetas cualquier proyecto de ley que bloquee sus programas.