México.- A su paso hacia Estados Unidos, el número de casos de menores migrantes presentados ante las autoridades mexicanas de migración pasó de cuatro mil 160 en 2001 a 22 mil 864 en 2015, lo que representa un aumento de 237 por ciento.
De acuerdo con el informe “Niños migrando” del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), en 2013 había nueve mil 630 niños migrantes provenientes de América del Sur.
El estudio también puntualizó que entre 2011 y 2013 el porcentaje de niños acompañados y niños que migran solos era de 26 por ciento del total de las personas migrantes; pero entre 2014 y 2015 incrementó hasta llegar a 35.1 por ciento.
Las principales causas de la migración de esos menores son la violencia y pobreza en sus países de origen, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), explicó el investigador Gerardo Cruz González, coordinador del informe.
“Una de las problemáticas sociales actuales más importantes y de mayor reto —sobre todo en la región de Estados Unidos, México y los países centroamericanos— es sin duda la migración; pero la infantil es la más dolorosa, sobre todo cuando los niños y niñas viajan solos”, expuso.
Tanto si son países expulsores, de tránsito o de destino, las cifras con relación al número de menores que salen de su país para emprender el largo viaje en busca del llamado “sueño americano”, ascendió de manera alarmante, dijo.
El objetivo del informe, explicó, es cooperar con el gobierno, defensores de derechos humanos y ciudadanía en general para proteger y garantizar efectivamente los derechos humanos de los menores migrantes en su tránsito por México.
Ante ello propone la creación de una comisión especializada para la determinación del interés superior de la niña, niño y adolescente, además de garantizar el principio de no devolución, es decir, antes de hacer una repatriación arbitraria, evaluar el riesgo que corre el menor al retornar al país de origen.
Además, contar con un registro interinstitucional y único de los menores que evite revictimizarlos y permita concentrar estadísticas e información sin violar el principio de intimidad y promover la coordinación de servicios de salud, legales y educativos.
Finalmente, se plantea la necesidad de crear centros de atención y protección integral para niñas, niños y adolescentes.