Los proyectos de ley demócratas contemplaban prohibir la compra de armas a personas incluidas en listas de terroristas y expandir la revisión de antecedentes penales a armas compradas en ferias, lo que goza de un abrumador apoyo público desde hace varios años.

En contraparte, las iniciativas republicanas buscaban acelerar la compra de armas y obligar a las autoridades a contar con una orden judicial para demorar por 72 horas la compra de armas de fuego a personas que figuren en las listas que les impiden viajar en avión.

Ninguna de las cuatro iniciativas obtuvo el voto reglamentario de 60 senadores para ser llevadas a voto final. Tanto el senador socialista Bernie Sanders como el republicano Marco Rubio acudieron al Senado para emitir su voto.

El líder de los republicanos del Senado, Mitch McConnell, deploró que las iniciativas de los demócratas Dianne Feinstein y Chris Murphy no contemplaran un proceso legal debido para reparar el daño a personas erróneamente incluidas en las listas de terroristas.

“Nadie quiere poner armas o explosivos en las manos de terroristas. Pero el público estadounidense demanda soluciones serias”, dijo durante el debate en el pleno del Senado.

Harry Reid, el líder de la minoría demócrata del Senado, tildó las propuestas republicanas de John Cornyn y Charles Grassley como “maniobras políticas” que buscan distraer la atención cuando en realidad se pretende mantener el statu quo.

“Los senadores republicanos deberían hacerle frente a la Asociación Nacional del Rifle” (NRA), señaló desde la tribuna del Senado.

El debate confirmó las amplias diferencias en el tema de las regulaciones a la compra de armas entre demócratas y republicanos, a pesar de los repetidos incidentes de tiroteos masivos cometidos con armas estilo militar, como el AR-15 usado en Orlando.

Mientras los republicanos argumentan que ninguna ley hubiera podido evitar los ataques, los demócratas y la Casa Blanca sostienen que nuevas regulaciones de regulación de armas serán útiles si logran al menos evitar una muerte o un tiroteo.

Con más de 300 millones de armas de fuego en circulación nacional, unas de las leyes más laxas para la compra de rifles de asalto y más de 33,000 muertes al año por armas de fuego, Estados Unidos no ha aprobado ninguna iniciativa de control de armas en más de dos décadas.

Aunque el presidente Barack Obama ha apoyado acciones similares tras las tragedias de Sandy Hook, París y San Bernardino, las iniciativas de ley se han enfrentado con la oposición de la mayoría republicana del Congreso y de la combativa Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Desde 1994, la Ley Brady impuso una espera de 5 días para que un vendedor, comerciante o exportador pueda vender un arma de fuego, para determinar si el comprador no tiene impedimentos por razones criminales o mentales. No aplica en ferias o mercado ambulantes.

La Ley Brady fue aprobada después de años de cabildeo en honor de James Brady, el portavoz del expresidente Ronald Reagan quien fue herido durante el intento de asesinato contra el presidente republicano, ocurrido el 30 de marzo del 1981.

Pero bajo el argumento de que cualquier iniciativa de control de armas viola el espíritu de la Segunda Enmienda Constitucional, que consagra la protección de armas, tanto la NRA como una mayoría de los republicanos se han opuesto a la aprobación de nuevas regulaciones.

En 2004, el entonces presidente George W. Bush dejó expirar la Prohibición de Armas de Asalto que había sido promulgada 10 años antes por el presidente Bill Clinton y que convirtió en ilegal la manufactura de armas de estilo militar en Estados Unidos.

Las iniciativas de ley resucitadas por los senadores demócratas habían sido de hecho rechazada el año pasado por 53 de los 54 senadores republicanos.

Ante la ausencia de acciones en el Congreso, el presidente Obama anunció en enero órdenes ejecutivas para clarificar quiénes deben ser considerados vendedores de armas de fuego, a fin de que conduzcan la revisión de antecedentes criminales en la mayoría de las ventas.

Bajo sus acciones ejecutivas, las personas que venden armas de fuego deberán obtener una licencia, incluidas en ferias ambulantes; asimismo los comerciantes deberán verificar los antecedentes penales de quienes buscan adquirir armas de fuego.

Obama anunció además la contratación de 200 agente adicionales para la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la solicitud de 500 millones de dólares para ampliar la atención médica a quienes sufren padecimientos mentales

La Casa Blanca activó además una iniciativa del gobierno federal para el desarrollo de mejores tecnologías para la seguridad de armas.