La Operación Streamline vino a poner fin a la práctica de “detener y liberar”. Foto: AP
Dallas.- Una estrategia de la Patrulla Fronteriza que no concede tolerancia y envía a la cárcel a todo el que sea detenido al tratar de cruzar a territorio estadunidense en forma ilegal, ha sido aplicada por años sin que se conozca su eficacia.
Según un nuevo reporte de la Oficina del Inspector General (OIG) de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), tampoco se conoce el costo total de la misma práctica.
En el reporte, la OIG recomendó a la CBP medir la efectividad de la estrategia denominada “Operación Streamline” y determinar su costo, así como desarrollar directrices para evitar procesar penalmente a los inmigrantes que cruzan la frontera y expresan temor de persecución en su país de origen.
La Operación Streamline fue establecida en 2005 en el sector de Del Río, en Texas, para adoptar una política de cero tolerancia y desalentar la futura inmigración ilegal.
Bajo la Operación Streamline, todos los indocumentados detenidos por primera vez son acusados de un delito federal, por lo que comparecen ante magistrados que suelen sentenciarlos a un periodo de prisión de no menos de dos semanas, pero que puede prolongarse hasta los seis meses.
Quienes son detenidos por segunda ocasión enfrentan cargos de reingreso que los puede conducir a sentencias de hasta dos años de prisión.
Antes de la Operación Streamline, la Patrulla Fronteriza sólo refería a un número limitado de indocumentados para su procesamiento penal.
Tradicionalmente los agentes de esa corporación detenían a los indocumentados y los regresaban a México en caso de ser mexicanos.
En los últimos tres años la Operación Streamline ha sido reducida y actualmente sólo permanece vigente en el sector de Tucson, Del Río y Laredo. Foto: AP
A los inmigrantes procedentes de otros países diferentes a México se les colocaban bajo detención administrativa en tanto eran deportados a sus lugares de origen o se les liberaba con una notificación de que debían comparecer ante un juez de inmigración.
Sin embargo, muy pocos de los que recibían la notificación se presentaban a sus citas con los jueces de inmigración.
La Operación Streamline vino a poner fin a la práctica de “detener y liberar”. La estrategia fue adoptada por seis de los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera con México.
En los últimos tres años la Operación Streamline ha sido reducida y actualmente sólo permanece vigente en el sector de Tucson, Del Río y Laredo.
De acuerdo con el reporte de la OIG, en el sector de Tucson, que abarca casi toda la frontera de Arizona, un promedio de dos mil 100 indocumentados son acusados penalmente cada mes ante un juez federal de haber ingresado ilegalmente a territorio estadunidense. En Del Río, el promedio mensual es de 945 y en Laredo de 463.
En el reporte, la OIG emite cinco recomendaciones al jefe nacional de la Patrulla Fronteriza para establecer medidas que midan los índices de reincidencia y reaprehensión de inmigrantes indocumentados bajo la Operación Streamline durante múltiples años fiscales.
También sugirió determinar el costo estimado de la aplicación de la operación, en relación a su consecuencia o efectividad.
La OIG sugirió también contratar mas procuradores federales para agilizar el procesamiento de indocumentados detenidos y acusados y aumentar el número de agentes fronterizos dedicados a operar esta estrategia.