Washington.- Luego de siete años en el gobierno, más de dos millones de deportaciones, dos órdenes ejecutivas y 720 mil “dreamers”, el presidente Barack Obama todavía tiene muchas cuentas pendientes en relación con su promesa de resolver el status de los millones de personas que están en el país ilegalmente.
Y su legado en ese tema dependerá de la Corte Suprema.
Al aceptar el martes intervenir en el asunto, el máximo tribunal de la nación dio a Obama una última oportunidad de cumplir sus promesas en momentos en que muchos inmigrantes se sienten abandonados por el mandatario por unas recientes redadas para deportar gente.
Sectores que postulan mano dura con la inmigración ilegal han apelado a los tribunales aduciendo que Obama no tiene autoridad para disponer medidas que impedirían la deportación de unos 5 millones de inmigrantes que están en el país sin autorización. El caso ha llegado al máximo tribunal del país, que podría dar a Obama una importante victoria en un tema que lo ha acosado por años. Si la Corte Suprema se pronuncia a favor del mandatario, no obstante, Obama todavía tendría que ingeniárselas para implementar un complejo programa en cuestión de meses, que podría ser desmantelado en poco tiempo por los republicanos.
Si la Corte falla en contra, Obama podría pasarse los últimos meses de su presidencia deportando gente en lugar de amparándola, como había prometido.
Lo que está en juego son las medidas de Obama que permiten a los padres de niños nacidos en Estados Unidos permanecer en el país, así como la expansión de una iniciativa previa que protege a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país por sus padres cuando eran niños, conocidos como los “dreamers”, o “soñadores”. Tribunales inferiores han dejado en suspenso esos programas luego de que sectores contrarios a la inmigración ilegal adujesen que Obama no tenía autoridad para emitir esas órdenes ejecutivas. Agotadas todas las instancias legales previas, la última palabra la tiene la Corte Suprema.
Obama ha impulsado infructuosamente una legislación que buscaba resolver el status de unos 11 millones de inmigrantes sin permiso y ha apelado a sus poderes como presidente para proteger a muchos de ellos mediante órdenes ejecutivas, que no requieren la aprobación del Congreso, pero paralelamente las deportaciones alcanzaron niveles sin precedentes durante su mandato y abrieron heridas que será difícil cicatrizar.
La reciente detención de 121 inmigrantes para deportarlos no hizo sino caldear el ambiente y los defensores de los inmigrantes dicen que las redadas aumentaron el temor y el escepticismo de esa comunidad.
Angelal Maria Kelly, experta en inmigración del Centro para el Progreso Americano (Center for American Progress), de tendencia liberal, dice que la política de Obama hacia la inmigración ilegal es como “un romance de la escuela secundaria: hoy estás enamorado, al día siguiente te mandan a pasear”.
Se espera que la Corte Suprema se pronuncie a fines de junio, lo que dejaría a Obama apenas medio año para poner el programa en marcha, suponiendo que la corte fallase a su favor. Obama deja la presidencia a comienzos del 2017.
La mayoría de los precandidatos republicanos a la presidencia han dicho que dejarían sin efecto esas órdenes ejecutivas en caso de ser elegidos. La incertidumbre sobre lo que puede pasar en el futuro podría hacer que muchos potenciales beneficiarios no se acojan a esos programas. Al mismo tiempo, expertos en el tema coinciden en que difícilmente los republicanos puedan frenar los procesos puestos en marcha durante la presidencia de Obama.
“El gran interrogante es si la gente estará a salvo de las deportaciones, en parte por el aumento en las redadas de las últimas semanas”, declaró Karem Tumlin, directora legal del National Immigration Law Center. “Pero la gente está tan ansiosa de gozar de protecciones que impidan la separación de las familias que, si se presenta la oportunidad, creo que habrá mucho interés” en los programas.