Washington.- El presidente del Congreso, el republicano Paul Ryan, someterá a voto el jueves una resolución que lo autoriza a pronunciarse ante la Corte Suprema en nombre de los 435 integrantes de la cámara de representantes en contra del alivio migratorio dispuesto por el presidente Barack Obama.
“El Poder Legislativo necesita ser el que redacta las leyes, no el Ejecutivo”, dijo Ryan el martes en conferencia de prensa. “Somos el poder público más cercano a la población”.
La Corte Suprema decidirá a mediados de año sobre la legalidad del alivio migratorio que Obama anunció en noviembre de 2014 para proteger de la deportación a cinco millones de inmigrantes no autorizados.
Un total de 26 gobernadores republicanos impusieron una demanda contra la acción ejecutiva alegando que representaba un abuso de la autoridad presidencial.
La congresista demócrata Zoe Logfren calificó el martes de “errado” que la mayoría republicana busque pronunciarse ante la Corte Suprema en nombre de la cámara baja en pleno pese a que la bancada demócrata apoya las medidas presidenciales.
“Los republicanos tienen derecho a coordinar con los miembros de su bancada y presentar un recurso” ante el máximo tribunal, dijo Logfren en conferencia de prensa. “Pero pedir que la cámara se pronuncie en pleno sobre esto, que es una medida partidista, es errado”.
Un total de 225 legisladores demócratas presentaron la semana pasada un recurso ante la Corte Suprema a favor de las medidas ejecutivas de Obama.
El proyecto de resolución señala en el primero de sus tres párrafos que el presidente del Congreso podrá alegar ante el máximo tribunal que el gobierno de Obama “ha actuado de una manera que no es consistente con sus responsabilidades según la constitución y las leyes de Estados Unidos”.
Las autoridades no han resuelto el estatus de los 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización.
La mayoría republicana en la cámara baja rehusó someter a votación un proyecto bipartidista de reforma migratoria aprobado por el Senado en 2013, que incluía la opción de la naturalización para los inmigrantes sin autorización legal para residir en el país.