Washington.- La AFL-CIO, la coalición sindical más importante de Estados Unidos, pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia validar las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama para dar alivio migratorio a millones de indocumentados, la mayoría mexicanos.
En un documento de “Amigos de la Corte”, la central sindical calificó como “incorrecta” la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de mantener en suspenso la aplicación de las órdenes bajo el argumento de que tendrían un costo económico a los estados opuestos a la medida.
“La Corte (Suprema) debe revertir el dictamen de la corte de apelaciones”, señaló el documento firmado por los abogados Lynn Rhinehart, Harold Becker y Matthew Ginsburg.
La AFL-CIO aludió al hecho de que los 26 estados encabezados por Texas que se oponen a las órdenes sostuvieron que era ilegal obligarlas a emitir licencias de manejo para los inmigrantes indocumentados beneficiarios de las acciones ejecutivas del presidente.
Bajo la directiva ejecutiva de Obama, el gobierno buscó ampliar a partir de febrero pasado el DACA, que se estima beneficiaría a unos 300 mil jóvenes indocumentados adicionales a los 700 mil que han recibido suspensión de sus deportaciones y obtenido permisos de trabajo.
Igualmente pondría en vigor una variante para adultos conocida como DAPA, y la cual buscaba beneficiar a más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos que son padres de menores ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes.
Sin embargo el juez de Texas, Andrew Hanen, puso en suspenso las acciones. Su fallo fue mantenido por la Corte del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans.
Apenas esta semana un total de 225 legisladores demócratas, incluidos los líderes de los demócratas en la Cámara Baja y del Senado, se solidarizaron con Obama y consideraron que las acciones presidenciales son legales y apropiadas.
La Suprema Corte designó el 18 de abril próximo para escuchar los argumentos orales en la demanda sobre la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas del presidente para beneficiar a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.