El padre, no obstante, no soportaba el baño de sangre que vive su patria y 15 años después de llegar a Estados Unidos, estaba empezando a considerar la idea de contratar un coyote para que trajese a sus hijo de 19 años y su hija de 16, Wendy. Pero se enteró de que no sería necesario traerlos ilegalmente, sino que podría acogerse a un programa que busca ayudar a que personas radicadas en Estados Unidos puedan traer a sus hijos.

Al caer la noche el jueves pasado, Mejía y su esposa, Virginia de la Paz Márquez, esperaron ansiosamente a sus dos hijos, junto con otros dos vástagos nacidos en Estados Unidos: Janet, de ocho años, y Elías, de uno. Mejía le hacía caras a los pequeños y su esposa trataba de contener las lágrimas y el nerviosismo mientras los hijos mayores iban a buscar sus maletas. Cuando finalmente salieron, la madre mezclaba el llanto con grandes sonrisas al abrazar a sus hijos, dos adolescentes que llevaban carteles que los identificaban como refugiados.

Brian y Wendy son dos de los seis primeros adolescentes que ingresan legalmente a Estados Unidos al amparo del programa Menores Centroamericanos, según Rubén Chansrasekar, director ejecutivo de la oficina de Baltimore del Comité de Rescates Internacionales (International Rescue Committee). La agencia ha presentado cientos de solicitudes de padres desesperados por traer a sus hijos. Hay más de 5,000 menores como ellos que iniciaron el trámite y esperan noticias del Departamento de Seguridad Nacional. Hasta ahora solo 90 menores han sido entrevistados.

Hay quienes dicen que el programa, creado en diciembre del 2014 para ofrecer una alternativa legal y segura a los menores que intentan llegar ilegalmente a Estados Unidos sin acompañantes, ha hecho muy poco por rescatar a estos jóvenes expuestos a la violencia que sacude a América Central. Afirman que los muchachos que han presentado las solicitudes no tienen protección alguna en sus países mientras esperan hasta un año y medio para que las autoridades estadounidenses procesen los pedidos.

Solo las personas que están en el país legalmente pueden pedir a sus hijos, que deben tener no más de 21 años, ser solteros y vivir en El Salvador, Guatemala u Honduras. Gabriel Mejía tiene permiso de residencia en Estados Unidos.

Las tres naciones centroamericanas soportan una violencia pandillera desenfrenada. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Durante en el verano boreal, 667 personas fueron asesinadas en un mes y el país registra a menudo 40 asesinatos en un solo día. Mejía dijo que sus hijos recibían con frecuencia amenazas de violencia física, pero que no contaban demasiado sobre sus experiencias por temor a que sus teléfonos estuviesen interceptados.

El año pasado más de 60.000 menores no acompañados procedentes de esos tres países ingresaron a Estados Unidos, donde muchos fueron detenidos y deportados, mientras que otros tuvieron que lidiar con el complejo sistema legal estadounidense sin nadie que los asesorase. A menudo esos menores habían venido con la ayuda de coyotes y fueron víctimas de abusos o vendidos como esclavos. Muchos ni siquiera llegaron a la frontera.

Chandrasekar dijo que si bien el programa no es la solución ideal, ayudará a reunir muchas familias y a aliviar las penurias de menores expuestos a la violencia. Agregó, no obstante, que el Departamento de Estado debería ampliar el programa para que más familias tengan la oportunidad de reunirse de una manera segura y legal. Por ejemplo, los menores cuyos padres no están legalmente en Estados Unidos no pueden acogerse al programa, el cual ignora también el hecho de que muchos menores deben escapar de inmediato.

“Esta no es una solución inmediata para los chicos que con temores verosímiles de persecución”, afirmó Chandrasekar. Por otro lado, el programa no contempla la posibilidad de sacar la ciudadanía si un menor recibe el status de refugiado especial.

“Nos gustaría que el Departamento de Estado reforzase el programa para que los padres que viven aquí con un status legal puedan pedir a sus hijos lo más rápidamente posible”, indicó.

Funcionarios del Departamento de Estado dicen que se preparan para entrevistar unos 530 menores en los próximos meses con miras a su admisión en Estados Unidos.

El programa es “una pequeña parte de la política del gobierno estadounidense en relación con la crisis de menores migrantes de América Central”, expresó Simon Henshaw, subsecretario de la Oficina de Población, Refugiados y Migración. Señaló que la lentitud del programa obedece en parte al hecho de que la mayor parte de las solicitudes llegaron en los últimos meses y que de los 90 entrevistados hasta ahora, solo un puñado expresaron temor por su seguridad.

“Los que sí hace este programa es reunificar familias, que es uno de los pilares de la política estadounidense sobre inmigración”, indicó Henshaw. “Nos alegra poder alejar a los menores del peligro y ver que este programa continúa”.

Para Mejía y su esposa, el programa es un sueño hecho realidad. Pero ante la lentitud con que se mueve todo, Mejía dijo que por momentos pensó que jamás volvería a ver a sus hijos.

Mejía se fue de su pueblo en las afueras de San Salvador en el 2000, en busca de mejores oportunidades laborales en Estados Unidos. Hace ocho años su esposa contrató a un coyote para venir también, dejando a sus hijos con su abuela. Esa decisión la atormenta.

“Muchas veces le dije a mi marido que quería regresarme”, expresó mientras esperaba a sus hijos en el aeropuerto. “Le dije que no era justo que yo no estuviese pasando por lo que ellos pasaban. Pero él me insistía en que debíamos tener paciencia, que ya habría oportunidades”.

“Cuando escuchamos sobre el programa, tuve fe, pensaba que algo pasaría y ahora están aquí”.