Los defensores del grupo Puente se congregaron afuera del Capitolio para denunciar lo que llamaron una serie de medidas diseñadas para criminalizar y perseguir a los inmigrantes.

La directora organizadora Francisca Porchas dijo que cree que el Proyecto de Ley 2223 de la Cámara de Representantes y otras propuestas son la primera oleada de leyes antiinmigrantes desde que Arizona aprobó la SB 1070, que generó protestas, demandas y polémica a nivel nacional por una cláusula que exige que los policías traten de determinar el estatus migratorio de las personas durante paradas de tráfico de rutina.

“Lo que están diciendo es: ‘Vamos a privarlos de fondos para las necesidades básicas de sus propios votantes, por lo que podemos obligarlos a discriminar y ser racistas con los inmigrantes”’, dijo Porchas.

El representante Jay Lawrence, republicano por Scottsdale, patrocinó la Propuesta 2223 de la cámara baja, la cual quitaría los ingresos presupuestarios estatales a ciudades, pueblos o condados que emitan una credencial de identificación que podría autorizar la presencia de inmigrantes que radican en el país sin autorización legal.

Permitiría también que el fiscal general bloquee ingresos compartidos estatales a municipios que restrinjan las acciones de los gobiernos para recabar información sobre el estatus migratorio de las personas. El plan de ingresos compartidos de Arizona impide a los municipios recaudar impuestos a cambio de recibir dinero del estado. Las ciudades y pueblos dependen de ese dinero para sus presupuestos.

El Comité sobre Gobierno y Educación Superior de la Cámara de Representantes estatal aprobó la medida en una votación de 6-3 el jueves.

Lawrence señaló que la propuesta se da en respuesta a que Phoenix pretende emitir una credencial que serviría como carné de identidad válido a los residentes e inmigrantes que viven de manera ilegal en el país.