Esa actitud ha resurgido tras el revuelo desatado por la filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá, en los que quedan al descubierto detalles de cómo algunas de las personas ricas y poderosas del mundo canalizan sus activos a compañías fachada secretas establecidas en ese país y en otras jurisdicciones sujetas a leyes laxas.

Ramón Fonseca, cofundador de la compañía, dijo el lunes que el éxito de su país en establecerse como un gigante bancario offshore ha generado celos entre sus rivales del primer mundo en una época de creciente competencia y escrutinio al sector tras la crisis financiera global.

“Es muy injusto todo lo que pasa porque no hay un level playing field (una cancha pareja)”, dijo Fonseca a The Associated Press en una entrevista. “Sin lugar a dudas si esto le pasara a una empresa en Delaware no pasa nada. Pero como pasa en Panamá es titular de primera página en todos los periódicos del mundo”.

El país centroamericano consolidó su estatus como un centro de lavado de dinero en la década de 1980, cuando el general Manuel Noriega, el dictador que lo gobernaba, le puso una alfombra roja a los cárteles colombianos del narcotráfico. Y ha seguido siendo un imán para el dinero de fuentes ilícitas, así como lícitas, debido a su economía dolarizada y su ubicación entre América del Norte y del Sur. Su acelerado crecimiento económico de 8,5% anual en promedio durante la última década ha estado alimentado por un alto flujo de dinero en efectivo, lo que a la postre ha transformado la capital al llenarla de rascacielos y convertirla en el Dubái de Latinoamérica.

 

El presidente panameño Juan Carlos Varela se ha comprometido a cooperar con cualquier investigación judicial derivada de la filtración, y la procuraduría del país indicó el lunes que examinará los documentos filtrados para ver si revelan alguna actividad ilegal.

Varela dice tener “tolerancia cero” para delitos financieros, y le gusta mencionar cómo impulsó en el Congreso el año pasado una ley que amplía la supervisión de más de 12 sectores económicos no financieros, desde bienes raíces hasta casinos. Esa ley allanó el camino para que Panamá fuera retirada en febrero de una lista negra de jurisdicciones de alto riesgo elaborada por la Financial Action Task Force (Fuerza Especial para la Acción Financiera), una agencia intergubernamental que establece estándares para controlar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Hasta fechas recientes, Panamá era una de las pocas jurisdicciones que permitían que las compañías emitieran “acciones al portador”, las cuales impiden conocer el historial de propietarios al darle los derechos de propiedad a cualquiera que posea el certificado accionario. Una nueva legislación el año pasado prohibió esa práctica, pero todavía está en circulación un número significativo de acciones de este tipo en lo que se implementa dicha ley.