Inmigrantes de El Salvador y Guatemala que ingresaron sin permiso en Estados Unidos se disponen a tomar un autobús después de que se les dejara en libertad de un centro de detención para familias en San Antonio, Texas. Foto: AP
La Senadora estatal de Arizona, Catherine Miranda aplaudió la decisión de una juez federal que ordenó la pronta liberación de menores indocumentados retenidos en los centros de detención en los Estados Unidos.
Miranda, actual presidenta del Caucus Latino de la Legislatura de Arizona, declaró en un comunicado de prensa que la decisión le da solución a un problema que muchas familias inmigrantes han enfrentado en este estado, donde los centros de detención son de baja calidad y las condiciones en que los menores se encuentran detenidos son inaceptables e inhumanas.
El viernes, la juez federal de distrito en California, Dolly Gee dictaminó en el caso Flores V. Lynch, que los menores inmigrantes deben ser liberados de los centros de detención en un plazo de cinco días, y entregados, de preferencia a uno de sus padres, incluyendo un padre con el que fueron aprehendidos.
La magistrada señaló que los menores no deben permanecer en estas instalaciones más de 72 horas, a menos que constituyan un serio riesgo para los demás o para ellos mismos.
Gee dio plazo hasta el próximo 23 de octubre para que las agencias federales cumplan su orden.
El reciente fallo en Flores se desprende de un caso que data de 24 de julio 2015, en el que el Tribunal llegó a la conclusión de que el gobierno estaba en violación de los términos del acuerdo original de Flores, que fue pensado para garantizar la atención adecuada de los niños en custodia de inmigración.
En julio, la Corte ordenó al gobierno a liberar a los niños sujetos al acuerdo de solución, pero dio al gobierno la oportunidad de responder a un recurso ordenado de la Corte.
El año pasado Arizona enfrentó una “crisis humanitaria” a causa de una ola migratoria de menores y madres inmigrantes, en su mayoría procedentes de Centroamérica, que cruzaron la frontera para escapar de la violencia en sus países de origen.
“Esa oleada de inmigrantes ha disminuido desde entonces y ahora es el momento para que el gobierno acepte la decisión del juez y adoptar políticas que mejoren las condiciones en los centros de detención y acelerar la liberación de los niños a sus padres”, enfatizó Miranda.