Phoenix.- El senado de Arizona aprobó en primera votación tres leyes para ampliar derechos a propietarios de armas, entre ellas una que permitiría a residentes de esta entidad obtener un permiso federal para poseer todo tipo de armamento.
Las iniciativas de ley necesitan todavía de una votación final del Senado antes de ser enviadas a consideración del gobernador de Arizona, Doug Ducey, para su veto o promulgación como ley.
La iniciativa de ley HB 2446 eliminaría de la definición de armas prohibidas en Arizona cualquier arma de fuego o dispositivo que se posea, fabrique o transfiera de conformidad con la ley federal.
Si un arma o dispositivo es legal bajo la ley federal, ésta sería legal en Arizona, explicó el senador estatal republicano John Kavanagh, al apoyar la iniciativa, una de las tres que fueron aprobadas por una mayoría republicana la noche del lunes.
La iniciativa podría legalizar la posesión de silenciadores de armas, bombas y granadas.
“No sé por qué queremos ampliar el derecho de matar y herirnos a nosotros mismos en formas nuevas y emocionantes”, dijo el senador estatal demócrata Steve Farley, al criticar las iniciativas de ley en declaraciones al periódico The Arizona Republic.
Otra de las iniciativas, la HB 2338, prohibiría que las autoridades escolares, en planteles desde nivel primaria hasta universitario, el impedir a alguien el poseer legalmente un arma mortal en una vía pública adyacente al campus de una escuela.
“Estamos asignando más derechos a las armas que a nuestros niños”, lamentó Farley.
“Tenemos que proteger a nuestros hijos, no ponerlos en peligro aún más”, señaló el legislador al advertir que la propuesta de ley permitirá armas adyacentes a áreas de juego para niños en todo el estado.
Una tercera iniciativa, la HB 2524 permitiría a Arizona el unirse a un acuerdo con otros estados para desarrollar leyes de transferencia de armas de fuego uniformes.
Todos los estados miembros tendrían que cumplir con las regulaciones de los acuerdos.
Bajo estos acuerdos multiestatales, los Estados miembros no pueden imponer ninguna tasa, impuesto o regulación de la transferencia de armas de fuego a cualquier persona por encima de lo que requiere la ley federal.