Los tres ex agentes de la oficina de Joe Arpaio, jefe policial del condado de Maricopa, están acusados de ayudar a una red que transportaba heroína desde México hasta Phoenix y lavaba sus ingresos a través de cuentas bancarias de dos empresas. Uno de los sospechosos llegó a formar parte del equipo antiinmigrante de élite de Arpaio.

El caso se fundamenta en un teléfono intervenido, pero un documento que muestra que los investigadores pidieron a la corte que aprobara la vigilancia electrónica ha desaparecido, dijo a The Associated Press Herman Alcántar, abogado de uno de los ex policías.

En consecuencia, el abogado ha solicitado a un juez que rechace las grabaciones telefónicas del caso y la fiscal Lindsey Coates dijo al defensor el mes pasado en un correo electrónico que “el plan es desestimar todo el caso”.

El principal sospechoso, el ex policía Alfredo Aguirre Navarrette, aún podría ser encausado por fraude de seguros y provocar un incendio por presuntamente prender en llamas un automóvil en 2010.

Otro fiscal que ha dado seguimiento al caso envió un correo electrónico en el que decía que la búsqueda del documento continúa y que la desaparición del registro se toma muy en serio.

Alcántar, quien representa a Navarrette, dijo que desechar el caso puede parecer un tecnicismo legal, pero que documentos como ese son necesarios para proteger al público de abusos de los agentes del orden.

No se ha ofrecido explicación alguna de cómo desapareció el documento o quién es responsable. La policía no dio comentarios inmediatos el miércoles sobre la posibilidad de que el caso fuera desechado.

El caso ha sido una vergüenza para la oficina de Arpaio desde que en 2011 los tres empleados fueron arrestados. Además, el juez que revisa un caso no relacionado de encasillamiento racial contra la agencia ha mostrado una creciente frustración por las que llama inadecuadas investigaciones internas de las irregularidades cometidas por el escuadrón antiinmigrantes de Arpaio.

Navarrette, quien fue integrante de ese grupo, está acusado de conducir vehículos en los que se llevaba a inmigrantes, de lavado de dinero y de usar las bases de datos de la policía para dar información a los integrantes del grupo criminal.

También se le acusa de ayudar a otro grupo de traficantes de inmigrantes al dirigir una casa de acogida y transportar inmigrantes de manera ilegal de Arizona a California en al menos cinco ocasiones. Autoridades dicen que Navarrette fue detenido cuando manejaba un vehículo presuntamente utilizado para tráfico de inmigrantes cuando estaba en libertad bajo fianza. Desde entonces está detenido.

La investigación interna se inició en 2010 luego de que un informante confidencial dijera a la policía que Navarrette fue visto inhalando cocaína y jactándose de su trabajo para el grupo de narcotraficantes cuando estaba en una fiesta.

Marcella Marie Hernández y Sylvia Ríos Nájera, quienes trabajaron como vigilantes de prisión, fueron acusadas de blanquear el dinero procedente del tráfico de drogas. Investigadores dicen que el grupo criminal con sede en Phoenix era dirigido por Francisco Arce Torres, quien trabajaba para un importante líder de un cártel del estado mexicano de Sinaloa. Once personas se han declarado culpables en este caso.

En el momento de su detención Hernández estaba embarazada. El padre del niño es Torres.

Jerry Cobb, vocero de la fiscalía del condado Maricopa, quien lleva la causa contra tres antiguos empleados del alguacil, se negó a hacer comentarios.