Un portavoz del FBI en Arizona dijo que la agencia no emite comentarios en torno a decisiones judiciales. Foto: AP
Tucson, Arizona.- El FBI no estaba obligado a notificar a las autoridades locales sobre un allanamiento a una casa por parte de un grupo de guardias fronterizos privados que dio lugar a la muerte de un hombre y su hija en el sur de Arizona, falló una corte federal de apelaciones.
En una decisión de 2-1, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó el miércoles la desestimación de la demanda presentada ante una corte de menor rango contra el FBI por la familia de las víctimas del allanamiento en mayo de 2009 en Arivaca, aproximadamente a unos 60 kilómetros (60 millas) al suroeste de Tucson.
El caso fue presentado por Gina González, esposa y madre de las víctimas. La mujer dijo que un informante le indicó al FBI que integrantes de la Minutement American Defense, un grupo activista opuesto a la inmigración no autorizada en la frontera, conspiraban para efectuar una invasión a la vivienda. Pero esa agencia policial no se lo comunicó a las autoridades locales y por lo tanto no ayudó a impedir ni detener el incidente letal, argumentó.
Tres intrusos enmascarados que se hacían pasar por policías ingresaron a la vivienda en Arivaca dos semanas después. Mataron a balazos a Raúl Flores, de 29 años, y a su hija de 9, Brisenia González. Gina González también recibió un balazo, pero sobrevivió.
La invasión a la vivienda con robo fue un intento por llevarse dinero de las drogas con el fin de financiar a la Minutemen American Defense, dijo la fiscalía. Shawna Forde, Jason Bush y Albert Gaxiola fueron declarados culpables de asesinato premeditado en 2011.
González aún vive en Arizona. Su abogado, Thomas Cotter, dijo que está explorando otras opciones, pero no quiso ofrecer más comentarios.
Un portavoz del FBI en el estado dijo que la agencia no emite comentarios en torno a decisiones judiciales.
“Desde nuestro punto de vista, la corte de distrito concluyó correctamente que las Directrices no ordenan seguir un rumbo obligatorio de conducta con respecto a que el FBI comparta información con agencias policiales estatales o locales”, escribió el juez Jay S. Babble en la opinión presentada el miércoles.
“Incluso si un agente recibe información que es creíble y que insinúa que hay actividad delictiva grave, un agente podría elegir no revelar información con base en su consideración de los posibles efectos de darla a conocer, tales como el efecto que un informante sea desenmascarado, u otros individuos, o una pesquisa en proceso”, agregó.