Los estudiantes Dreamers ven su futuro educativo en riesgo. Foto: Sam Murillo/Mixed Voces.
Directivos de los Colegios Comunitarios del Condado Maricopa (MCC) acudirán este martes a la primera de una serie de audiencias en una demanda contra el Estado de Arizona que niega colegiaturas de residentes locales a estudiantes beneficiarios de la acción diferida.
El pleito legal se originó en 2013, cuando el entonces procurador estatal de Arizona, Tom Horne demandó a la junta directiva de MCC para que mantenga a los Dreamers beneficiarios de DACA en la categoría de estudiantes foráneos, a pesar de contar con un permiso migratorio otorgado por el Gobierno federal.
De acuerdo con el ex senador estatal y miembro de la Junta Directiva de MCC, Alfredo Gutiérrez, la demanda tiene su origen en una negativa del Estado a reconocer los derechos otorgados a los Dreamers bajo el programa de acción diferida.
En retrospectiva, todo se originó en 2006, cuando los votantes aprobaron con 70 por ciento la propuesta 300, que triplica el costo de las colegiaturas a estudiantes que no puedan demostrar su residencia legal en los Estados Unidos.
La Junta de Regentes de Arizona autorizó a las tres universidades públicas y cerca de 20 colegios comunitarios en el estado aplicar la Ley 300, que establece que los indocumentados deberán pagar colegiaturas similares a las que pagan los estudiantes provenientes de otro estado.
El costo por cada crédito actualmente en un colegio comunitario para estudiantes con papeles es de 84 dólares, mientras que para indocumentados sube a 325.
En 2012, el presidente Barack Obama anunció una acción diferida (DACA, por sus siglas en inglés) que beneficia a ciertos jóvenes indocumentados llegados en la infancia otorgándoles un permiso de trabajo y tarjeta de seguro social por dos años renovables.
Alfredo Gutiérrez. Foto: Cortesía/Mixed Voces.
La entonces gobernadora de Arizona, Jan Brewer emitió una orden ejecutiva prohibiendo a las dependencias estatales y de los gobiernos municipales y de los condados, así como a las universidades y colegios comunitarios, otorgar beneficios públicos a este sector, incluyendo las licencias de conducir.
Sobre el capítulo de las licencias, los estudiantes Dreamers se anotaron una victoria en diciembre pasado al lograr un fallo a su favor en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Gutiérrez explicó que en ese caso, la decisión fue favorable a los Dreamers debido al antecedente de que el Estado ya otorgaba licencias temporales a ciertos migrantes bajo permisos migratorios federales, incluyendo los turistas extranjeros y las víctimas de trata y de violencia doméstica.
Sin embargo, en el área de la educación, reconoció Gutiérrez, no hay un precedente. “El caso está totalmente limpio, es nuevo”, dijo, por lo que el futuro es incierto.
El Estado quiere que todos los estudiantes indocumentados, aún aquellos que se beneficiaron con DACA, paguen colegiaturas “out-of-tuition” (como foráneos).
Katía Cerón, de 20, estudiante de negocios en el Colegio Comunitario de Glendale, es una de miles de jóvenes cuyo futuro depende de la decisión que se tome en las cortes sobre este caso.
Los estudiantes saldrán a manifestarse nuevamente. Foto: Sam Murillo/Mixed Voces.
Ella quiere ser alguien y contribuir en la economía y progreso de esta nación, por lo que actualmente alterna el trabajo con los estudios.
Si el Estado gana la demanda a MCC, éste sistema de colegios comunitarios deberá cobrar colegiaturas más elevadas a estudiantes como Katia.
“Si esto pasa siento que me quieren cortar las alas de mi educación”, dice preocupada la joven.
De acuerdo con el superintendente de MCC, Dr. Rufus Glasper de cerca de 200 mil alumnos inscritos en los colegios comunitarios, aproximadamente 32 por ciento tendrían que probar su estadía legal en este país para obtener colegiaturas como residentes.
En medio de la disputa legal, decenas de estudiantes soñadores saldrán a manifestarse en apoyo a MCC.
Previo a la audiencia de este martes, un grupo numeroso de Dreamers repetirá un rally frente al edificio de la corte superior en el centro de Phoenix, con el propósito de manifestarse a favor de colegiaturas justas.
“Esperamos que los tribunales de Arizona hagan la decisión moralmente correcta y reconozcan que los beneficiarios de DACA tienen presencia legal. Ellos deben tener la oportunidad de continuar su educación en el estado que ellos llaman hogar”, señalaron representantes de Arizona Dream Act Coalition.