Bill Montgomery apeló la decisión tribunal argumentando que el fallo podría generar gran cantidad de audiencias de libertad bajo fianza para sospechosos indocumentados. Foto: AP

Luego de que una jueza federal desechara una ley de Arizona bajo la cual se procesaron cientos de indocumentados en el Condado Maricopa, bajo cargos de conspirar para “contrabandearse a sí mismos”, abogados de varias de las víctimas y organizaciones civiles buscarán limpiar los antecedentes penales de varios de los convictos.

La activista Lydia Guzmán, ex presidenta de la coalición pro inmigrante Somos América informó que los abogados de varias de las víctimas buscarán, de manera individual, eliminar el historial criminal que les quedó a sus clientes luego de ser detenidos y procesados por una ley que les negaba el derecho a una fianza y otra bajo la cual fueron acusados de conspirar en el tráfico de indocumentados.

De acuerdo con Guzmán, cerca de 3 mil indocumentados que fueron arrestados y procesados bajo dicha ley por la oficina de Arpaio, que era la única en Arizona que “mal” interpretó la pieza legislativa quedaron con una mancha en su historial que, en muchos casos, les niega la oportunidad de poder obtener beneficios migratorios de por vida.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó una estancia de una sentencia reciente del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que revocó la ley que niega la libertad bajo fianza para los sospechosos indocumentados acusados de delitos graves.

El delito grave era, de acuerdo a la interpretación de la oficina del sheriff Joe Arpaio y del entonces procurador del Condado Maricopa, Andrew Thomas, haber conspirado con el “Coyote” para ser traídos ilegalmente a este país.

El fiscal actual del Condado Maricopa, Bill Montgomery apeló la decisión tribunal argumentando que el fallo de la Corte de Apelaciones podría causar un daño irreparable al anticipar que podría suscitarse un abrumador número de audiencias de libertad bajo fianza para sospechosos indocumentados y la liberación de delincuentes potencialmente peligrosos que representan un riesgo de fuga.

La orden, firmada por el Juez Asociado Anthony M. Kennedy, establece un plazo de mediodía del Lunes, 10 de noviembre 2014 para una respuesta por parte de los demandantes en el caso de que originalmente desafió la ley sin libertad bajo fianza, López-Valenzuela, et. al. v. Arpaio.

En 2006, los votantes de Arizona aprobaron la Proposición 100, por mayoría de 78%. La medida, ahora codificado como A.R.S. § 13-3961 (A) (5), niega la libertad bajo fianza a personas acusadas de delitos graves en los que “la prueba es evidente o la presunción grande que la persona es culpable del delito imputado” y “no hay causa probable para creer que la persona ha entrado o permanecido en los Estados Unidos de manera ilegal”, según la oficina de Montgomery.