Joe Arpaio, sheriff del Condado Maricopa. Foto: AP
La admisión de culpabilidad del sheriff Joe Arpaio en la demanda por el uso de perfiles raciales podría no impedir que el alguacil sea sentado en el banquillo de los acusados durante la audiencia por desacato a una orden judicial pactada para el 21 de abril.
Fuentes extraoficiales confirmaron que la fiscalía federal habría rechazado llegar a un acuerdo extra judicial con los abogados de Arpaio para retirar los cargos criminales.
Arpaio ofreció restituir con 350 mil dólares a las víctimas, pagar los costos legales del caso y otorgar un fondo de 100 mil dólares para organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes a cambio de llegar a un acuerdo que evite la audiencia ante el tribunal.
El alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, y el subjefe de la policía del condado, Gerald Sheridan, admitieron por primera vez la noche del martes haber desacatado las órdenes de la corte al incurrir en prácticas de etiquetación racial en contra de hispanos.
La información fue dada a conocer esta mañana por la estación de radio pública de Phoenix 91.5
Con este sopresivo paso, los abogados del llamado “sheriff” más duro de Estados Unidos buscan que el juez de distrito Murray Snow cancele una audiencia por desacato civil en un tribunal federal de Arizona, pautada para los días 21 al 24 de abril.
De ser hallado culpado, el alguacil de 82 años podría enfrentar multas por compensación de daños y hasta una pena de prisión tras incurrir en prácticas racistas.
El controversial caso de perfil racial se remonta a enero de 2007, cuando una coalición de organizaciones civiles que velan por los derechos de los latinos entabló una demanda en contra de las políticas de la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO).
La demanda establecía que los agentes de la MCSO habían detenido, interrogado, buscado y encarcelado injustificadamente a hispanos solo para verificar su estatus migratorio.
Tras el juicio, el juez federal Snow dictaminó que, en efecto, Arpaio había violado los derechos de los inmigrantes hispanos.
En mayo de 2012, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda civil en contra de la oficina del alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio, alegando un patrón repetitivo de prácticas de perfil racial.
Petra Falcón, directora de Promesa Arizona. Foto: Sam Murillo/MixedVoces.com
La querella del Gobierno federal se sumó al caso Melendrez vs Arpaio en cuyo caso las víctimas o demandantes argumentaron acciones policiales discriminatorias y otros abusos inconstitucionales contra los latinos en operativos de supresión del crimen y en las cárceles.
Según la denuncia, desde 2006, la oficina de Arpaio ha intencional y sistemáticamente discriminado contra los latinos.
Para la activista pro inmigrante, Petra Falcón la admisión de culpabilidad de Arpaio es un paso adelante en la justicia.
“Espero que esto le muestre lo que se siente a necesitar misericordia. Eso es lo que le ha negado a sus prisioneros, especialmente los inmigrantes cuyo único delito es trabajar para mantener a sus familias unidas”, dijo.
Arpaio trata de mitigar consecuencias
Lydia Guzmán
Por su parte, Lydia Guzmán, activista pro inmigrante, señaló que Arpaio seguía cometiendo las mismas violaciones a los derechos humanos de los detenidos sin importar la orden judicial.
Arpaio estaría buscando mitigar las peores consecuencias si es hallado culpable de desacato. “Cualquier otra persona que no cumple con una orden de Corte le levantan cargos de desacato, multas o bien cárcel”, dijo.
“Ojalá y el juez siga siendo duro con él porque ya ha visto que Arpaio ha tratado de jugar con el sistema judicial y burlarse de todos”, agregó.
Guzmán dijo que ella espera que el juez siga siendo estricto en el caso con Arpaio para que éste aprenda la lección de que con el sistema judicial no se juega.