Petra Falcón, directora ejecutiva de Promesa Arizona. Foto: Cortesía
Decenas de familias inmigrantes de Arizona celebraron con júbilo la decisión de la Corte Suprema de la Nación de revisar la demanda que bloquea la orden ejecutiva del presidente Barack Obama sobre los programas de acción diferida.
“Llevamos a cabo vigilias, que se manifestaron a nuestra comunidad, oramos por esta decisión, y no vamos a parar hasta que no tengamos una reforma migratoria integral”, dijo la directora ejecutiva de Promesa Arizona, Petra Falcón.
El martes en una conferencia de prensa, miembros de Promesa Arizona y familias que se verán impactadas por la decisión del máximo tribunal de la nación coincidieron en señalar que la acción judicial reaviva las esperanzas en el movimiento pro inmigrante.
“Este es un paso importante en la dirección correcta, pero no es el final de la lucha. Es por eso que vamos a seguir instando a la corte y nuestra nación a hacer lo que es correcto para los millones de familias en necesidad de alivio”.
“El tribunal tiene trabajo que hacer, pero para nosotros 2016 significa el registro de votantes y mostrando nuestro poder político en las urnas con números más grandes de votos que la nación ha visto en su vida”, agregó Falcón.
Magistrados de la Corte Suprema de la Nación aceptaron escuchar argumentos sobre el caso Gobierno de Estados Unidos vs. Texas que mantiene bloqueadas la extensión de DACA y la creación de DAPA, medidas que protegerían de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes.
Kica Matos, portavoz del Movimiento de la Reforma Migratoria Justa (FIRM), emitió la siguiente declaración:
“Estamos muy contentos y animados que el Tribunal Supremo ha decidido llevar el caso con respecto a las acciones ejecutivas del presidente Obama para extender DACA e implementar DAPA. Las políticas de acción diferida del presidente Obama son legales, prácticas, y en línea con las acciones tomadas por otros presidentes de ambos partidos. Sus acciones ejecutivas serán transformar y mejorar la vida de millones de personas que llegaron a este país en busca de una vida mejor”.
“Mientras la batalla legal continúa y los republicanos libran su campaña anti-inmigrante, hay que recordar que estas acciones tienen un costo humano real. Millones de familias siguen viviendo en un limbo legal, con el temor constante de la separación, y sin ninguna certeza sobre cuándo podrían ser capaces de vivir sin ese miedo. Cinco millones de niños ciudadanos estadounidenses se verán afectados directamente porque sus padres no podrán presentarse para este alivio temporal de la deportación, mantener a sus familias y contribuir aún más a nuestro país”, añadió.