Horas después de que el mandatario anunciara que lo haría público tras la polémica por un presunto conflicto de interés generada por una mansión millonaria de su esposa, la Presidencia divulgó anoche en su página de internet la declaración patrimonial que Peña Nieto tiene obligación de presentar, aunque no necesariamente a dar a conocer.

La información, correspondiente a todo 2013, señala que el presidente obtuvo ingresos anuales totales por 3.37 millones de pesos (unos 248,000 dólares), la gran mayoría por su cargo de servidor público y el resto por actividades financieras no precisadas y “otros” que tampoco detalló.

Luego de llegar a la presidencia en diciembre de 2013 hizo pública de manera parcial su declaración y por ejemplo dijo que tenía cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento. Y salvo dos casas que dice que él compró, sólo señaló que un departamento lo heredó y todo lo demás lo recibió como “donación”, sin haber dicho hasta ahora bajo qué circunstancias o de quién lo obtuvo.

Ahora, en esta nueva declaración, refirió que su madre le donó dos casas y dos terrenos; su padre, dos terrenos, mientras que su cónyuge un departamento. En ningún caso dice dónde se ubican las propiedades.

El caso de la mansión de su esposa ha sido el último elemento polémico del gobierno, que en las últimas semanas ha sido blanco de críticas tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas que fueron detenidos por policías locales y se cree fueron asesinados por narcotraficantes. Hoy se esperan movilizaciones en la ciudad de México y otras localidades para exigir la localización de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre en el estado sureño de Guerrero.

Luego de elogiar a su esposa Angélica Rivera por haber divulgado cómo adquirió la mansión criticada, el mandatario dijo la tarde del miércoles en un evento en el oeste del país que aunque la ley no lo obliga hará pública la “totalidad” de sus bienes.

“Como presidente de la República aprecio y valoro más la confianza de los mexicanos que el derecho a la confidencialidad que puedo tener eventualmente como servidor público”, añadió.

Hace poco más de una semana el portal de noticias de la periodista Carmen Aristegui divulgó que el presidente tenía una casa privada registrada a nombre de una filial de la empresa Higa, que se ha visto beneficiada con obras públicas, aunque luego el gobierno dijo que era una vivienda de la primera dama.

La esposa del presidente anunció la noche del martes que venderá de los derechos de la mansión y el gobierno rechazó cualquier conflicto de intereses pese a que está registrada a nombre de una empresa beneficiada con obras públicas.

El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo el miércoles en MVS Radio que Rivera no es servidora pública y no tiene la capacidad de firmar contratos de gobierno a favor de nadie, además de que aseguró que la empresa ligada a la mansión es apenas una de más de 4.000 compañías con las que se han establecido contratos públicos.

“En cualquier lugar del mundo esto sería un escándalo gigantesco”, escribió el lunes en el diario Reforma el politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez, uno de los más críticos del caso y quien se preguntó si la casa había sido acaso un obsequio por su relación con el presidente Enrique Peña Nieto.

Rivera señaló en un video en su página de internet en el que aseguró que tras una carrera como actriz de 25 años obtuvo un pago en 2010 de la cadena Televisa que incluyó una casa y que contaba con la solvencia económica para adquirir otra vivienda vecina.

Aseguró que para adquirir la vivienda vecina firmó un contrato con una inmobiliaria por 54 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares) a un plazo de ocho años y con un interés de 9%, y que hasta ahora había pagado cerca del 30%.

La empresa Higa recibió contratos de infraestructura cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, vecino a la capital, antes de llegar en diciembre de 2012 a la presidencia del país.

En esta administración federal, Higa también ha obtenido contratos e incluso fue parte del consorcio ganador de la recién revocada licitación para construir el primer tren de alta velocidad en México.

El vocero presidencial afirmó que Higa sólo tiene dos contratos por 430 millones de pesos (unos 31,6 millones de dólares) con el gobierno federal, incluidas obras para construir un nuevo hangar presidencial. Dijo que ese monto es menos del 1% de los 184.000 millones de pesos (unos 13.500 millones de dólares) ejercidos hasta ahora del programa federal de infraestructura.