Ciudad de México.- El gobierno mexicano advirtió de una estrategia del entorno del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán para intentar que se disminuya la vigilancia a la que es sometido en el penal de máxima seguridad donde se encuentra y del que ya se fugó una vez.
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, dijo en un mensaje a medios que una muestra de esa “estrategia mediática” son las más recientes declaraciones a una supuesta hija del capo, quien dijo al diario británico The Guardian que el gobierno lo traicionó y el “El Chapo” habría ido en al menos dos ocasiones a verla mientras estuvo fugado el año pasado.
“Ni treguas, ni alianzas ni pactos con el crimen”, dijo y añadió que “se trata de señalamientos que carecen de soporte probatorio, cuyo único objetivo es deslegitimar a las instituciones”.
El funcionario, quien no aceptó preguntas, dijo que en el gobierno “no vamos a ceder ante especulaciones cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar a este sujeto para relajar su vigilancia”.
Guzmán fue recapturado en enero, luego de fugarse del penal del Altiplano en julio de 2015 a través de un túnel de1,5 kilómetros que llegó hasta la zona de la regadera de su celda.
El capo fue internado al mismo penal, aunque las autoridades ajustaron las medidas de seguridad, que incluyen limitar las visitas y revisiones cada cuatro horas durante la noche y madrugada.
“El Chapo” se ha quejado de que no lo dejan dormir, mientras que su defensa y su pareja han dado diversas declaraciones a medios en las últimas semanas en las que han señalado que temen por su salud.
“El gobierno de la república advierte que existe por parte de este individuo, de su defensa y de algunas otras personas, una abierta estrategia mediática”, agregó Sales.
Uno de sus abogados, José Refugio Rodríguez, dijo la semana pasada que Guzmán incluso le pidió acelerar su proceso extradición a Estados Unidos y negociar un acuerdo con las autoridades de ese país para lograr una sentencia baja que cumpla en un penal de mediana seguridad.
José Manuel Merino, funcionario de la Procuraduría General de la República, dijo más tarde que el gobierno no tiene ningún conocimiento de que la defensa del capo haya promovido una aceleración de la extradición, como mencionó el defensor.
Refirió que los dos procesos de extradición en su contra siguen su curso ante el Poder Judicial.