El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo el viernes que luego del motín y riña que dejó 49 muertos las autoridades encontraron al interior de la cárcel de Topo Chico 60 martillos, 120 puntas de metal artesanales y 86 cuchillos que fueron utilizadas en el enfrentamiento entre quienes se cree son miembros de dos facciones del cartel de las drogas de Los Zetas.

Dijo que al menos 40 de las víctimas “fallecieron por heridas de armas punzocortantes, golpes que se dieron a través de martillos, palos, lo que hoy mencioné que encontramos ahí”.

Añadió que en la prisión, sobrepoblada y donde conviven sentenciados y procesados por delitos comunes y crimen organizado, también localizaron marihuana, cocaína y pastillas psicotrópicas, además de memorias USB, dos pantallas y reproductores de mp3.

Expertos y organismos de derechos humanos han advertido por años del control que los grupos criminales mantienen en varios penales del país. Y Rodríguez lo admitió públicamente.

“Lo que tenemos que ver con realidad en el sistema penitenciario es que hay autogobierno”, dijo el gobernador. “Toda esta corrupción al interior del penal generó esta condición que hoy tenemos”.

Esta situación no es ajena a Victoria Casas Gutiérrez, una limpiadora que el jueves esperó durante horas a tener noticias sobre su hijo Santiago Garza Casas, de 21 años, que enfrenta juicio por actuar como presunto vigilante para una banda criminal.

Santiago entró al penal de Topo Chico en septiembre por faltar a una cita de la libertad condicional. Allí pronto se mezcló con sus residentes, entre los que hay asesinos.

Con sus conexiones con las bandas y acceso a drogas y armas, son muchos los que dicen que los Zetas y el cártel del Golfo son quienes mandan en la prisión.

“Piden cuotas y si los familiares no traen cierta cantidad… Los golpean”, explicó Casas Gutiérrez. La cantidad depende de sus delitos, pero puede llegar a ser de miles de pesos. “A veces tenemos que vender nuestras casas”.

“Hay vicio adentro y todo lo que hay adentro es culpa de ellos, de las autoridades”, agregó.

Casas Gutiérrez tuvo suerte, el nombre de su hijo no estaba en la lista de 40 muertos publicada el jueves, pero algunos cuerpos estaban tan carbonizados que pasarán días hasta que puedan ser identificados.

A las puertas de la prisión, la situación era dantesca: Los familiares, aterrorizados, esperaban la aparición de nuevos nombres en el listado publicado en dos hojas de papel pegadas en la pared.

“¡Ayyy, mi hijo está en la lista!”, gritó María Guadalupe Ramírez, de 63 años, al ver escrito el nombre de José Guadalupe Ramírez Quintero, de 26. Se desmayó en los brazos de su hija y de trabajadores de una ONG.

El dolor de Ramírez reflejaba las preocupaciones de otros cuyos seres queridos están internados en Topo Chico pese a tener condenas por delitos menores o estar a la espera de juicio.

“Ya había salido. Lo agarraron de nuevo solo por tomar (…) Hay injusticia en esta cárcel”, dijo agitando los puños y sollozando.

Las autoridades permitieron que cientos de familiares entraran al penal el jueves por la tarde. Pero incluso quienes pudieron confirmar que sus seres queridos sobrevivieron al motín, temían por seguridad.

Una mujer, que no quiso ser identificada, visitó a su hermano por un breve espacio de tiempo y dijo que vio auténtico miedo en su cara. Le quedan solo 10 días para quedar en libertad tras cumplir nueve meses por posesión de drogas. “Los tiene amenazados para que no nos platiquen que fue lo que pasó, solo ellos saben pero no nos dicen nada”, denunció.

No se reportaron fugas a raíz de los enfrentamientos registrados en el penal de Monterrey. Los hechos ocurrieron un día antes de la llegada a México del papa Francisco, que la próxima semana tiene previsto visitar una prisión en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, en el norte del país.

Rodríguez dijo por la mañana que había 52 reos muertos, aunque horas después redujo la cifra a 49.

El gobernador explicó en un primer momento que la pelea enfrentó a dos bandos rivales liderados por Juan Pedro Zaldívar, alias “Z-27” y que es considerado miembro de Los Zetas, y Jorge Iván Hernández Cantu, quien fue identificado por medios mexicanos como miembro del cártel del Golfo.

Pero el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo más tarde el jueves en una entrevista radiofónica que las autoridades creen que la riña enfrentó a dos facciones de los Zetas por el control de la cárcel.

Una guerra entre las dos bandas tiñó de sangre el estado de Nuevo León y el de Tamaulipas entre 2010 y 2012. Los Zetas estuvieron a punto de hacerse con el control de los alrededores de Monterrey.