Em julio pasado policías estatales y un Ministerio Público ingresaron a la guardia tradicional del pueblo de Vícam, un sitio sagrado para los Yaquis, donde intentaron aprehender a los líderes Tomás Rojo Valencia y Mario Luna Romero. Foto: Agencia Reforma
México.- Amnistía Internacional (AI) instó a garantizar un proceso apegado a la ley a Mario Luna Romero y Fernando Jiménez, yaquis acusados de privación ilegal de la libertad agravada y robo de vehículo de propulsión mecánica.
Esos dos integrantes de la tribu Yaqui, quienes forman parte del Movimiento Ciudadano por el Agua que exige el cierre del Acueducto Independencia en el estado de Sonora, están presos desde octubre de 2014 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 1 de Hermosillo.
El organismo internacional indicó en un comunicado que el 14 de febrero una delegación de Amnistía Internacional visitó a Luna Romero y a Jiménez en ese penal.
Amnistía Internacional expuso que “teme que el caso esté políticamente motivado y tenga relación con la defensa que la tribu Yaqui ha hecho de su derecho al agua”, por lo cual demandó un juicio justo para los dos activistas sociales.
De igual manera manifestó su preocupación “por la afectación continuada de los derechos humanos de la tribu Yaqui, ocasionada por la construcción y el funcionamiento del Acueducto Independencia en su territorio”.
A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le instó a presentar el estudio de impacto ambiental y el peritaje antropológico, necesarios para dar continuidad al proceso de consulta sobre dicho acueducto, finaliza el comunicado de la organización no gubernamental.
El lunes pasado, el Juzgado 10 de Distrito con sede en Sonora otorgó un amparo a Luna Romero para que un juzgado valore las pruebas que aportó con el fin de comprobar su cargo como autoridad indígena, y de ser así, declarar, la inexistencia de los delitos que se le imputan.
También resolvió dejar insubsistente el auto de formal prisión emitido en el proceso 31/2013 para que, con plenitud de jurisdicción, se dicte un nuevo fallo que resuelva la situación jurídica de Luna, cuya libertad dependerá de la decisión que tome el juez penal responsable.