No sólo es la Ley SB1070 que en abril cumplió cinco años de vigencia, también cuenta con el más grande destacamento de la “Border Patrol” (Patrulla Fronteriza), con más de cinco mil elementos en Tucson, con la ruta más mortal para los migrantes y con una añeja tradición antinmigrante y antimexicana.

Recorrer las calles, los parques, los centros comerciales, los supermercados, incluso los de comida mexicana de Phoenix y Tucson para tratar de hablar con los paisanos sobre su experiencia ante estas políticas antiinmigrantes, es prácticamente imposible.

Simplemente eluden cualquier pregunta. Hay un evidente temor a demostrar su origen, el idioma, la nacionalidad.

De acuerdo con el consulado en Phoenix, en Arizona viven entre 350 mil y 400 mil mexicanos sin documentos. Originarios principalmente de Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, trabajan en el área de servicios como jardineros, en hoteles, casinos, comercios o bien como mecánicos.

La abogada y activista pro migrante Isabel García dijo a Notimex que la SB1070 “ha sido un asalto completo a nuestra comunidad”, ya que no sólo separó familias, deportó mexicanos, provocó muertes por la separación y su intento de regresar a Estados Unidos, los llevó ante cortes federales acusados de delincuentes sólo por cruzar la frontera, “hemos visto el trauma de la familias, de los niños”.

“Hemos sufrido en nuestra cultura. Antes teníamos fiestas masivas del 15 y 16 de septiembre, era algo natural; después de la SB1070 todo eso acaba, la gente no podía salir a los parques, a comer. Tenemos una población que no se quiere mover”, expuso.

“Aunque no vivimos bajo (el poder del alguacil del condado de Maricopa) Joe Arpaio, nosotros vivimos aquí bajo la Migra, vivimos bajo la sede de la Migra más grande. Tenemos más de cinco mil agentes de la Patrulla Fronteriza”, abundó.

En su oficina en Tucson, la activista estadunidense de origen mexicano comentó que bajo la llamada “sospecha o duda razonada”, que ha sido usada por policías federales, estatales y locales para detener por el color de la piel a mexicanos o por su apariencia, los uniformados de inmediato llaman a la Patrulla Fronteriza para su detención, enjuiciamiento como delincuentes o deportación.

Don Bulmaro es un hidalguense que todos los días vende empanadas prácticamente a escondidas en sitios que frecuentan mexicanos en Phoenix.

Conduce un viejo automóvil sin licencia, sin documentos migratorios, siempre con la preocupación de ser detenido y deportado. Gana a la semana 300 dólares que sólo le ayudan a sobrevivir con el apoyo de su hija y su familia.

“Arpaio es una persona que no tiene sentimiento de los seres humanos. Las leyes, las costumbres de Estados Unidos, aprecian ellos más a los animales que a los seres humanos”, comentó y lamentó que en Arizona se confunde a los migrantes con delincuentes.

Fernando, originario de Oaxaca y quien vive desde hace cinco años en Arizona y trabaja en un restaurante de comida rápida, reconoce que a raíz de esta ley “compañeros que vine con ellos a Estados Unidos, ya están allá –en México-. Muchos se fueron para California”, también muchas familias se han separado.

El cónsul de México en Phoenix, Roberto Rodríguez Hernández, reconoció que lo que ocurrió con la SB1070 en Arizona contra los mexicanos “fue una especie de terrorismo social”. La gente empezó a dejar de salir a la calle, de dejar de llevar a los niños a las escuelas; después empezaron a llevar una vida normal, pero siempre con el temor de ser detenidos por las redadas que se llevaron a cabo.

Reconoció que el activismo de organizaciones civiles contrarrestaron el clima antiinmigrante y las demandas contra el alguacil Joe Arpaio, que se ganaron, permitieron terminar con las redadas de migrantes mexicanos y de otras naciones de Centroamérica.

“El clima antiinmigrante, si bien no desaparecido, gradualmente ha decrecido. Hay nuevos actores políticos que se han expresado de manera moderada”, como es el caso del nuevo gobernador de Arizona, Doug Ducey, que tiene una visión menos radical y busca dar otras vías a esta relación.

“El hecho de que se reconozca que el intercambio económico entre México y Arizona es fundamental, que sea de casi 14 mil millones de dólares anualmente y el 60 por ciento es con Sonora y con estados fronterizos”, nos da esperanzas en un cambio en estas políticas y leyes contra los migrantes, añadió el diplomático.

Interrogado sobre el número de mexicanos que fueron deportados o huyeron del estado por las redadas y la aplicación de la SB1070, Rodríguez Hernández argumentó: “Más que deportados hubo un pequeño éxodo por el temor de ser detenidos, de ser deportados, pero muchos de ellos siguieron trabajando”.

“Es difícil dar cifras del éxodo, pero algunos miembros de muchas familias buscaron en otros estados una vida más tranquila”, concluyó el cónsul en Phoenix.