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El inminente desalojo de 125 familias residentes del complejo de casas móviles Mesa Royale podría presentar violaciones a los derechos civiles y actos de discriminación de parte de la Ciudad de Mesa, señaló el activista Silverio García Jr.
En una queja enviada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ), García pide se haga una exhaustiva investigación sobre presuntos actos discriminatorios y violatorios de los derechos civiles de las familias que serán obligadas a mudarse del lugar el año próximo.
El documento de 962 páginas fue enviado el miércoles por correo certificado a la división de Derechos Civiles de USDOJ.
García publicó en su página de Facebook unas fotografías del archivo de quejas e información que sustenta la petición para que intervenga el Gobierno federal en el asunto.
Unas 125 familias del complejo de viviendas Mesa Royale enfrentaban un inminente desalojo para finales de octubre pasado debido a un rosario de violaciones sanitarias y de seguridad detectadas por inspectores de la Ciudad y del Estado.
Sin embargo, la intervención de activistas, abogados y la unión de los mismos vecinos afectados –quienes pidieron audiencias con representantes de la Ciudad- logró que se les diera una prórroga por dos años para que reparen sus casas móviles o concreten la mudanza hacia otro sitio.
La prórroga para la mudanza o reparación de las viviendas, se dio luego de que el dueño del terreno, Gene Ham, por medio de su representante Jerry Lewis, concretó la venta.
García Jr., quien actualmente tiene un caso de investigación federal en contra de la oficina del sheriff Joe Arpaio –también por presuntos actos discriminatorios- se dio a la tarea de investigar con vecinos y representantes de la Ciudad de Mesa para documentar un posible caso de violaciones civiles.
El caso le tomó tres semanas en las que se entrevistó con vecinos, autoridades y recabó cada documento de comunicación entre los inquilinos y las autoridades.
Sin abundar en los detalles, García comentó que la presunta discriminación pudo haberse dado cuando unas 72 familias pidieron una audiencia con la Ciudad y ésta les fue negada.
Otra evidencia que puede sustentar las violaciones a los derechos civiles es que las supuestas irregularidades sanitarias y de seguridad en el complejo datan de varios años, según García.
De acuerdo con las autoridades el lugar presentaba serias violaciones a los códigos de seguridad y de salud, por lo que era necesario el desalojo.