San Luis Río Colorado, Son.- Los migrantes pueden tener la oportunidad de mejorar las condiciones de su vida en tránsito hacia Estados Unidos, con el apoyo de las comunidades fronterizas de Sonora.
Los paisanos que desean cruzar al vecino estado de Arizona, todavía enfrentan barreras como la Ley SB1070, a la cual activistas de derechos humanos estiman se puede prestar al racismo.
El migrante procedente de Durango, Arturo Hernández Gómez, manifestó que ellos entienden que las personas los pueden ver con desconfianza, “porque el mismo camino que traemos, no podemos bañarnos o cambiarnos de ropa”.
Asumió que ese mismo tipo de discriminación, se nota más en el otro lado, “porque en cuanto te ven mal vestido, los migras (agentes de la Patrulla Fronteriza) luego se van sobre la gente que es morena, más que a otros”.
Entrevistado en el parque Juárez de esta frontera, un lugar de descanso, donde los connacionales buscan un momento de quietud mientras revisan la manera en que continuarán su camino hacia el “sueño americano”, manifestó que a veces son discriminados en su mismo país.
Desde la implementación de la Ley SB1070 en Arizona, en septiembre de 2012, movimientos por los derechos civiles consideran que es una normatividad que se presta para que las autoridades persigan a las personas por el color de su piel.
La coordinadora del grupo civil binacional Campesinos Sin Fronteras, de Yuma, Arizona, Emma Torres, dijo que dicha ley se presta a que los policías locales interroguen a quien ellos consideran puede ser un extranjero indocumentado, “pero sólo lo hacen en contra de las personas morenas o de baja estatura”.
Destacó que no se toma demasiado en cuenta que una persona blanca, alta y de ojos azules, también puede haber ingresado en forma ilegal a la Unión Americana desde Europa u otros países.
Pero incluso esta situación ha llegado más allá de la discriminación, según el investigador de El Colegio de Sonora, Ramiro Antonio López, quien habló de la Operación Streamline, la cual el pasado 16 de diciembre cumplió diez años en el vecino país.
Dicha operación es una iniciativa antiinmigrante que persigue penalmente a quienes son detenidos al tratar de entrar a los Estados Unidos sin documentos migratorios, observó.
Por el delito de entrada ilegal, se puede ser castigado de 30 a 180 días de cárcel, y por el delito de reentrada ilegal, el cual puede ser castigable hasta con 20 años de cárcel, recordó.
Esta legislación inició en el sector fronterizo de Del Río, Texas, en diciembre del 2005, con la intención de controlar la migración indocumentada mediante la criminalización y encarcelamiento a los migrantes, mencionó.
Entrevistado también en el parque Juárez, el sinaloense Héctor Angulo Angulo manifestó que a veces el asunto es que cuando llegan a California o Arizona, porque los ven indocumentados y mexicanos, hay discriminación.
“Los patrones te ofrecen menos dinero y no tienes prestaciones. La mayoría de la gente acepta porque no tiene de otra. Ya estás allá y tienes que trabajar para mandarle dinero a tu familia. Ya fue mucho tiempo que anduviste sin trabajar”, expuso.
Mencionó que no importa incluso que lo hicieran menos por ser moreno, pero nomás con que les pagaran lo justo, “con eso sería un gran avance para la raza”.
La activista de los derechos humanos y representante de la agrupación Ayúdanos a ayudar, de Mexicali, Eva Espinoza Velazco, estimó que el tema de los migrantes se debe atender bajo un esquema diferente, en donde se involucren todos los ciudadanos.
Deben dejarse los mismos métodos, indicó, para que no solamente se den algunos apoyos sino también capacitación y facilidades a quienes fueron deportados, para que se involucren en el sector productivo.
Destacó que es importante tomar en cuenta y ayudar a estas personas, porque la experiencia dice que quienes tienen vergüenza para pedir ayuda, esos son verdaderos migrantes.