La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Detention Watch Network y National Immigrant Justice Center examinaron reportes elaborados por una junta de ICE a cargo de investigar la muerte de detenidos.

Los reportes que examinaron los grupos son del 2010 al 2012, pero activistas dicen que el problema persiste y está empeorando, especialmente en Arizona, donde un centro de detenciones en el sur de Phoenix es conocido por ser el más mortífero en el país. Por separado, datos de ICE colocados en su portal en internet muestran que ha habido 155 muertes de detenidos entre octubre del 2003 y el 25 de enero del 2016.

La portavoz del ICE Yasmeen Pitts O’Keefe dijo en una declaración que varias centros de detenciones detallados en el reporte han implementado estándares más rigurosos.

“El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas sigue comprometido con proveer un ambiente seguro y humano para aquellos bajo custodia, incluyendo acceso a atención de salud necesaria y apropiada. El ICE se toma muy seriamente la muerte de cualquier individuo bajo custodia de la agencia. Bajo los protocolos del ICE, la muerte de un detenido desata una investigación inmediata de las circunstancias”, escribió Pitts O’Keefe.

Los grupos se concentraron en ocho muertes en las que la Oficina de Supervisión de Detenciones, dependiente del ICE, concluyó que un factor contribuyente fue el incumplimiento de los estándares médicos.

Por ejemplo, el reporte resaltó el caso de Pablo Gracida Conte, un migrante mexicano que murió de cardiomiopatía en octubre del 2011 en un hospital de Tucson después de ser transferido desde el Centro de Detenciones Eloy.

El reporte de la agencia supervisora concluyó que el personal médico en el centro tardó demasiado en llamar a los servicios de emergencia cuando Gracida reportó sufrir dolores de pecho y otros síntomas. El informe señala que el personal no satisfizo sus necesidades de atención médica “de forma inmediata y eficiente”. Además, los activistas dijeron que el personal no trató de emplear un traductor para comunicarse con Gracida, quien hablaba un lenguaje indígena y se estuvo quejando de síntomas durante semanas.

El Centro de Detenciones Eloy ha reportado 14 muertes desde el 2004, incluyendo varios suicidios.

La muerte de José de Jesús Deniz Sahagún en mayo de 2015 fue declarada un suicidio luego de que el médico forense encontró un calcetín alojado en su esófago. El migrante mexicano de 31 años fue colocado bajo observación de suicidio y monitoreado debido a que deliraba y mostraba comportamiento agresivo, indicó el reporte de autopsia.

Pero algunos de los detenidos reportaron que Deniz fue golpeado y su familia niega que la víctima haya sido suicida.

Francisca Porchas, la directora organizacional en Puente Arizona, un grupo por los derechos de los inmigrantes, señaló que la familia de Deniz no cree que se haya suicidado apenas unos días después de presentarse en la frontera en busca de asilo. Puente Arizona ha sido una organización abiertamente crítica a los decesos en el Centro de Detenciones Eloy.

La familia contrató un abogado, quien no respondió a las solicitudes de comentario de The Associated Press.

“Eso revive el debate de que deben cerrarse los centros de detención. Hay personas muriendo, que sufren de negligencia y que vuelven a ser traumatizadas y a las que no se les atiende bien. Son lugares peligrosos”, afirmó Porchas.

Los autores del reporte piden una reducción en la detención de migrantes que están a la espera de audiencias en la corte o deportación, así como mayor transparencia por parte de la agencia.

Carl Takei, un abogado de ACLU, dijo que la falta de información luego que su organización solicitara los registros “genera un número de dudas sobre la voluntad del ICE para difundir información sobre sus propias operaciones”.

Pero el ICE asegura que ha implementado cambios para garantizar la seguridad de sus detenidos. Anualmente la agencia procesa a custodia entre 300.000 y 500.000 personas y la agencia invirtió más de 195 millones de dólares durante el último año fiscal en cuidados de salud, mental y dental para los detenidos.