Una audiencia inició el martes para decidir si un jefe policial de Arizona debe ser declarado en desacato por violar las órdenes de un juez en una demanda por encasillamiento racial que se originó por sus agresivas operaciones contra inmigración ilegal en barrios hispanos de la zona metropolitana de Phoenix.
Los cuatro días de audiencia en el procedimiento civil comenzaron con un tribunal lleno que incluyó a activistas defensores de los derechos de los inmigrantes y a críticos que han tenido confrontaciones en el pasado con el alguacil Joe Arpaio, del condado Maricopa.
El primer día brindó una mirada al funcionamiento interno de la oficina de Arpaio, incluido el testimonio de un supervisor que desarrolló materiales de capacitación para atender el mandato de un juez en 2011 que prohibió a la agencia realizar operaciones contra la inmigración.
La capacitación nunca ocurrió, y la oficina continuó aplicando la ley federal de inmigración por otros 18 meses.
Al preguntársele por qué nunca se realizó la capacitación, el sargento Brett Palmer respondió que “era contraria a las metas y objetivos del alguacil”.
Agregó que la regla prevaleciente en toda la oficina del alguacil era “hacer que el alguacil luzca bien ante la prensa y el público”.
Palmer dijo que Arpaio quería además colocar retenes en carreteras para atrapar inmigrantes que estuvieran en el condado sin permiso y que le preguntó su opinión jurídica sobre el asunto. Él le dijo que era una mala idea, y nunca se colocaron los retenes.
Arpaio, cuyas duras políticas carcelarias y redadas contra la inmigración ilegal lo han convertido en una figura con presencia nacional, estuvo sentado ante la mesa de la defensa, escuchando con atención durante la mayor parte de la audiencia. Él está en la lista de testigos, pero no testificó.
El juez federal de distrito Murray Snow decidirá si Arpaio y cuatro asistentes deben ser declarados en desacato. A los agentes de la oficina no se les informó sobre el mandato, lo que permitió que violaran la orden judicial durante aproximadamente 18 meses.
Cronología de un sheriff autoritario
2007
Valiéndose de dos leyes estatales contra la inmigración ilegal, el sheriff Joe Arpaio inició una serie de operativos y redadas antiinmigrantes en barrios latinos.
Ese mismo año, Manuel De Jesús Ortega Melendres fue detenido por más de 9 horas debido a que agentes de la oficina del alguacil Arpaio sospechaban que era indocumentado.
Melendres era un turista mexicano y decidió presentar una demanda legal en contra de la oficina debido a que él aseguró que sufrió discriminación y fue detenido solo por parecer latino.
2008
Utilizando ambas leyes los agentes de Arpaio realizaron unas 80 redadas y arrestaron a más de mil 200 indocumentados en centros de trabajo por presuntamente robar la identidad de otras personas para conseguir empleo.
2009
Los operativos de Arpaio se convirtieron en una amenaza latente a la tranquilidad de la comunidad hispana al ponerse al descubierto prácticas de perfil racial.
2010
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el grupo pro inmigrante PUENTE demandaron a la oficina del alguacil por utilizar equivocadamente las leyes estatales contra la inmigración indocumentada para efectuar operativos en centros de trabajo.
Ese mismo año se firmó en ley la controversial medida antiinmigrante SB1070.
A las demandas contra la oficina de Arpaio se sumaron el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y una coalición de organizaciones cívicas y comunitarias.
2011
El alguacil recibió un duro dictamen judicial: un juez federal le prohibió a sus agentes que detengan a personas por la mera sospecha de que están sin permiso en el país.
2013
El Juez Murray Snow dictaminó que la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa utilizaba el perfil racial para realizar detenciones en contra de personas de origen hispano, por lo que ordenó cambios a esa corporación y designó a un supervisor para vigilar sus operaciones.
2015
El sheriff Joe Arpaio reconoció haber violado las disposiciones que les fueron asignadas por una Corte Federal para evitar el perfil racial en su corporación y aceptó ser sancionado por desacato.