La ley, aprobada por la legislatura de Arizona en 2005, fue una de las primeras en esa entidad encaminados a combatir la inmigración ilegal.

La normativa fue diseñada para castigar a los traficantes de indocumentados, pero autoridades del condado de Maricopa usaron la legislación en contra de los mismos inmigrantes.

Con base en esa ley, los inmigrantes eran acusados en Arizona de confabulación en el delito, valiéndose de un apartado que establecía que era ilegal participar de manera intencional en el tráfico de personas con fines de lucro o con fines comerciales.

En un fallo emitido la víspera, la jueza federal Susan Bolton dictaminó que la norma se adelantaba a la ley federal y la despojaba de su derecho exclusivo a procesar crímenes por contrabando humano.

El sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, usó esa ley entre 2006 y 2013 para detener a cientos de indocumentados y acusarlos del delito de contrabando.

De esta forma, Arpaio podía detener a un inmigrante sin que existiera otra razón o causa para ello. Las autoridades del Condado de Maricopa fueron las únicas en los 15 condados de Arizona en aplicar el estatuto.

En septiembre de 2013, un juez federal prohibió a Arpaio arrestar y procesar a indocumentados bajo el delito de “conspiración” para contrabandearse a sí mismo, pero no desechó la ley.

Bolton emitió su fallo luego de una demanda interpuesta por el gobierno del presidente Barack Obama en contra de la Ley SB 1070, un paquete de medidas que facultaban a la policía a interrogar y detener a sospechosos de estar en el país sin documentos.

Varias disposiciones de la SB 1070 han sido anuladas por las cortes, incluyendo tres desechadas por la propia Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que las consideró en conflicto con la ley federal.