Una mujer estadunidense de origen hispano interpuso una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, debido a que agentes aduanales la esposaron y realizaron una revisión de sus cavidades corporales en busca de drogas.
En su demanda, Ashley Cervantes, argumenta que en octubre de 2014 cruzó a México a pie a través de la frontera de Nogales, Arizona, para desayunar, y a su regreso presentó a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) su certificado de nacimiento y una tarjeta de identificación estatal.
De acuerdo con Brian Marchetti, abogado de Cervantes, su cliente, quien entonces tenia 18 años de edad, fue acusada de posesión y contrabando de drogas.
Cuando ella negó las acusaciones, fue retenida por varias horas en una sala de detención donde la esposaron a una silla, luego fue trasladada a otra habitación donde se le ordenó ponerse en cuclillas para que mujeres investigadoras pudieran inspeccionarla visualmente.
Marchetti dijo que esto ocurrió sin su consentimiento y sin orden judicial, y que se le negó una solicitud para llamar a su madre, en una clara violación de los derechos de su cliente.
Después Cervantes fue conducida a un hospital, donde un médico llevó a cabo un examen de las cavidades del cuerpo.
“Ashley nunca antes había estado con un ginecólogo y, para el resto de su vida, siempre tendrá en cuenta que sus primeros exámenes pélvicos y rectales fueron bajo las circunstancias más inhumanas imaginables para un ciudadano de Estados Unidos en un hospital en suelo estadunidense”, escribió Marchetti en la demanda.
No se encontraron drogas, dijo Marchetti, por lo que su cliente fue dejada en libertad después de aproximadamente siete horas.
El abogado también responsabilizó al hospital al señalar que la institución carecía de directrices para asegurarse de que las búsquedas corporales solicitadas por las corporaciones de seguridad cumplan con los requisitos constitucionales.
El hospital envió a los padres de Cervantes una cuenta de 575 dólares por el procedimiento.